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¿Puede el greenwashing tener consecuencias penales?

Fuente: Expansión

Tras el registro llevado a cabo por la Policía en la sede de DWS (gestora de fondos de Deutsche Bank) en Fráncfort a principios de junio, por un supuesto caso de greenwashing o ecoblanqueo, se multiplican las búsquedas y las consultas para saber de qué se trata, a qué se llama así y por qué pueden plantearse incluso haber cometido delitos.

La respuesta es sencilla: desde una perspectiva estrictamente penal no se trata de nada novedoso, más allá del nombre empleado, sino que simplemente nos encontramos con supuestos en los que se ha falseado la información entregada al inversor. En este caso, haciéndole creer que compraba algo green cuando realmente no lo era. Lo que en el argot se conoce como misleading information, aunque en algunos casos no es sólo inexacta la información, sino que es falsa. En la medida en que la información inexacta hace alusión a aspectos medioambientales o de prevención del cambio climático, se habla de greenwashing o ecoblanqueo.

En los últimos años, se ha producido un incremento de los productos financieros verdes o ecológicos, que se enmarcan en la progresiva introducción de criterios ESG en los diferentes ámbitos de la actividad económica, para así conseguir unas empresas más centradas y basadas en la sostenibilidad como fin último de la vida económica.

La progresiva oferta de productos verdes, desde financiaciones hasta diferentes proyectos y empresas, ha producido que cada vez aparezcan más gestores de fondos refiriéndose a esta cuestión de las inversiones verdes, o incluso que hagan referencia a los criterios ESG (medio ambiente, social y gobernanza). Las informaciones que ofrecen quienes gestionan y venden esos productos son informaciones de mercado que deben estar sometidas a estrictos criterios, pues las mismas pueden afectar directa o directamente a la inversión planificada. A modo de ejemplo, si un gestor de un fondo verde especializado en empresas con un claro cumplimiento de las máximas exigencias medioambientales, decide invertir en una empresa que reúne esos requisitos e incorpora al fondo que gestiona una importante participación en esa empresa verde, y luego esas exigencias medioambientales no eran ciertas, va a ver perjudicada su inversión, y va a haber engañado a los partícipes del fondo -posiblemente sin saberlo- que creían estar haciendo una inversión verde, y ha resultado que se trataba de una empresa altamente o simplemente contaminante.

Si trasladamos este ejemplo sencillo a los principales fondos de inversión, instituciones financieras, y gestores de fondos, nos encontramos con que el que tales entidades sean víctima o autores de falseamiento de la información que se ofrece a los inversores puede tener efectos demoledores sobre el mercado, provocando caídas y subidas de determinados valores, simplemente por el efecto indirecto que sobre el valor de las inversiones pudiera tener la falta de cumplimiento en materia medioambiental de las empresas destinatarias de esas inversiones. Estos efectos, debido a la evidente conexión entre los distintos mercados, pueden provocar perjuicios en diferentes jurisdicciones, por lo que se trata de hechos con efectos globales y no estrictamente locales.

Nos encontramos precisamente en una nueva faceta de la información que se transmite al mercado. Si esa información no es completa o está falseada, producirá determinados perjuicios a los inversores, a terceros o incluso a la propia empresa. Pero ¿quién será el responsable de dichos actos?

Nos encontramos ante la necesidad de determinar responsabilidades, ¿responderá la institución financiera por el producto que vende confiando en la sostenibilidad de los proyectos que financia o en los que invierte, incorporada a la información ofrecida al inversor? ¿Responderá el gestor del fondo? ¿Responderá el intermediario? Todas estas cuestiones no tienen una única respuesta, sino que la responsabilidad dependerá siempre de la participación real sobre el falseamiento de la información haya tenido la persona física o jurídica. Sí, porque por estos hechos también podrá responder la persona jurídica.

Las conductas que pudieran tener relevancia de carácter penal, son delitos perseguibles de oficio -sin necesidad de denuncia de un particular- como la estafa, la estafa de inversiones, gestión desleal, falsedades; pero, además, también tienen relevancia desde el punto de vista de la legislación del mercado de valores -administrativo- y, como no, también desde el punto de vista civil en reclamaciones de daños y perjuicios.

Por tanto, no nos encontramos únicamente ante un problema de información engañosa a inversores o consumidores, sino que puede tratarse de supuestos en los que se esté proporcionando información incorrecta, o en el peor de los casos falseada, al mercado que provoca perjuicios económicos que deben ser determinados en cada caso.

Las autoridades españolas serán las que tengan que proceder al análisis de los productos financieros que se están comercializando, analizando sus estados de información no financiera incluidas en las cuentas anuales, y todo tipo de información proporcionada al mercado.

Además, debido a la diversa localización de las inversiones y de los operadores económicos, así como al efecto supranacional de este tipo de fraude, podría darse el caso de que las autoridades alemanas, francesas o norteamericanas, investiguen también las prácticas de empresas españolas. Un primer paso necesario para prevenir ninguna responsabilidad es que las que las empresas españolas refuercen sus programas de compliance teniendo en cuenta este nuevo riesgo.

 


 
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