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¿Es necesario un plan de compliance penal para cobrar los fondos europeos?

Como todos sabemos, hasta el momento la no implementación de un programa de compliance penal en las empresas no comporta ningún tipo de sanción para éstas.

Sin embargo, la compañía que tiene ese Programa tiene muchas menos posibilidades de recibir una sanción penal por los delitos cometidos por sus empleados, directivos o administradores en el seno de la empresa que otra que no hay implementado el Programa. Por tanto, es del todo recomendable que toda sociedad cuente con un Programa de Prevención de Riesgos Penales.

Ahora, como veremos acto seguido, existe una razón adicional para recomendar la implementación de un Programa de ese tipo.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha venido a regular en España los requisitos que han de cumplirse para acceder a los Fondos Next Generation EU, instrumento excepcional promovido a nivel de la Unión Europea y que surge con el objetivo de mitigar los impactos económico-sociales de la pandemia COVID-19, modernizar el tejido productivo, impulsar la descarbonización y el respeto al medioambiente, fomentar la digitalización así como mejorar la estructuras y recursos destinados a la investigación y formación.

Estos fondos, que ascenderán a un importe de 750.000 millones de euros -de los cuales España percibirá, aproximadamente, unos 150.000-, estarán destinados a los distintos agentes de nuestro tejido empresarial y se traducirán en ayudas consistentes en ventajas fiscales, subvenciones, bonificaciones, garantías de préstamos, etc., pudiendo acceder a ellas cualquier empresa, priorizándose aquellas que intervengan en proyectos de transformación digital, transición ecológica, cohesión social y territorial, e igualdad, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Pues bien, uno de esos requisitos es la exigencia a las empresas que quieran acceder a los fondos de contar con un Plan de prevención y detección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés (Artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) y de realizar una declaración responsable comprometiéndose a contar con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados (Anexo IV-C de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre). La norma es taxativa: sin la tenencia de ese Plan no se puede acceder a las ayudas. Ello equivale, en la práctica, a exigir la implementación de un programa de compliance Penal para beneficiarse de los Fondos Next Generation EU, ya que si bien es cierto que un Programa de este tipo va más allá de lo exigido por el Artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, qué duda cabe que la exigencia de un Plan para luchar contra el fraude y la corrupción es uno de los puntos más importantes que todo Plan de Prevención de Riesgos Penales debe contener.

Vemos pues, que de nuevo se pone de manifiesto la necesidad de implantar en la empresa un adecuado, efectivo y eficaz programa de compliance penal o plan de prevención de riesgos penales que en el ya lejano 2010 se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico a los efectos de poder beneficiarse de la exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus empleados, directivos o administradores de hecho o de derecho. Un adecuado programa de compliance penal que deberá adoptarse por el órgano de administración y que, como mínimo, deberá: (i) identificar las actividades en las que con mayor probabilidad puedan cometerse hechos delictivos; (ii) establecer los protocolos que fijen el proceso de formación de voluntad de una persona jurídica y el proceso de adopción y ejecución de decisiones en el seno de la misma; (iii) disponer del correspondiente modelo gestión de los recursos financieros destinados a la prevención de los riesgo penales detectados; (iv) implantar el oportuno canal de denuncias; (v) establecer un sistema disciplinario que sancione las infracciones que del Programa se detecten; y (vi) ser periódicamente verificado para adaptarse a la concreta actividad de la empresa.

RICARDO BALANSO

BDO Abogados

 

FUENTE: EXPANSIÓN

 

¿Es necesario un plan de compliance penal para cobrar los fondos europeos? | Opinión (expansion.com)

 


 
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