ALBA LEMA
Según un comunicado emitido el pasado jueves por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo (OSHA), Wells Fargo despidió indebidamente a uno de sus directivos contraviniendo las leyes de protección del denunciante. El ejecutivo en cuestión, que trabajaba en el área de banca comercial en Wells Fargo, fue despedido después de reportar -a través de la línea ética de la compañía-, su preocupación por prácticas fraudulentas en el seno de la empresa que incluían, ente otras: el fraude electrónico, la fijación de precios y la falsificación de información sobre los clientes.
Aunque Wells Fargo alegó que el despido fue parte de un proceso de reestructuración, los investigadores del citado Departamento de Trabajo consideraron que el despido no era consistente con el de otros ejecutivos despedidos en ese momento y que, por tanto, los hechos eran constitutivos de una violación de las normas reguladoras de la protección de los denunciantes (Sarbanes-Oxley).
La compañía ha emitido un comunicado en el que manifiesta que no está de acuerdo con los hallazgos de OSHA y que tienen intención de apelar ante un juez de la jurisdicción administrativa. Las partes disponen ahora de 30 días para apelar la decisión.
En todo caso, no es la primera vez que Wells Fargo se enfrenta a acusaciones de conductas fraudulentas. Ya en el año 2020 llegó a un acuerdo con la SEC (Securities and Exchange Commission), por un importe de tres billones de dólares por la creación de millones de cuentas financieras que, o bien no estaban autorizadas o eran fraudulentas con el fin de engañar a sus inversores y cumplir con sus objetivos de ventas.
Así las cosas, tendremos que esperar unos días para saber cuál es la decisión del juez, si bien, esta sanción resulta muy significativa porque pone de relieve, una vez más, la seriedad con la que se toman los países anglosajones -especialmente los EE.UU-, las infracciones en materia de protección del denunciante y la severidad de sus sanciones de las que deberíamos de tomar nota si queremos que nuestra futura ley de protección del informante y lucha contra la corrupción sea realmente efectiva.
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FUENTE: USTODAY
Wells Fargo ordered to pay $22 million for whistleblower retaliation (usatoday.com)
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