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09/04/2021

Canales de denuncias en las administraciones públicas: ¿el fin de la corrupción?

Autor: Felipe García

La Directiva 1937/2019 de protección a los denunciantes tendrá que ser traspuesta por el Gobierno español antes del 17/12/2021, es una realidad, y el Ministerio de Justicia ya ha lanzado una consulta pública donde ha preguntado sobre los extremos más controvertidos.

Esta Directiva, viene a dotar de un marco legal de protección a los denunciantes, que hasta la fecha, no gozan de protección alguna, al menos en España, si bien otros Países como Corea del Sur y Australia ya tienen un sistema de protección pleno.

En este sentido, creo que el Gobierno de España tiene una oportunidad pintiparada para mandar un mensaje claro a la Unión Europea y a la ciudadanía, como es el de tolerancia cero contra la corrupción.

Por todos es sabido, que organismos destacados y de peso internacional como GAFI y Greco por ejemplo, han puesto de manifiesto en varios informes la despreocupación de los Gobiernos de España para afrontar y erradicar la corrupción.

Todos tenemos en mente las imágenes de grandes operativos policiales en el Levante español, donde las bandas criminales han campado a sus anchas, perpetrando todo tipo de delitos: corrupción, fraude, blanqueo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, etc.

La imagen de España se ha visto muy deteriorada por estás bandas organizadas, y cómo no, por los grandes casos de corrupción, que a día de hoy, siguen presentes en los medios de comunicación, por eso el Gobierno de España, tiene en su mano hacer una rápida trasposición de esta Directiva para brindar protección a los denunciantes.

La Directiva marca unos mínimos de protección, que por supuesto pueden ser superados por los Estados Miembros, el objetivo es claro, blindar a las personas que puedan informar sobre irregularidades, no sólo en empresas, sino también en las Administraciones Públicas, y que éstas, obtengan protección frente a posibles represalias.

Los canales de denuncias y la protección al denunciante pueden dotar a las Administraciones Públicas de una mayor transparencia e integridad, sobre todo ahora, cuando la Unión Europea ha lanzado los fondos de reestructuración y de ayuda para paliar los efectos económicos de la pandemia, (en más de 750.000 millones de euros), y donde a España se le han asignado 140.000 millones, arrancar con la gestión de estos fondos europeos Next Generation EU con la idea de que algo va a cambiar, parece clave.

Esta gestión de los fondos se realizará conforme dispone el Real Decreto-ley 36/2020 de 30 diciembre de 2020, y donde por cierto, se han recortado bastantes controles y garantías en el procedimiento de contratación pública y el régimen de concesión de ayudas, una cuestión que preocupa, tal y como demuestra el informe de la Comisión Permanente del Consejo de Estado de fecha 21/12/2020.

España no puede permitirse malgastar estos fondos, de los cuales, se pretende por la Unión Europea que sean recursos empleados para conseguir una sociedad más tecnológica, más resiliente y que tenga pleno compromiso con el respeto al medioambiente.

La ciudadanía, que está visiblemente cansada de observar como sus gobernantes acaban sentados en un banquillo, y muchos de ellos en prisión, está necesitada de un nuevo estímulo, por lo que, parece que lo que necesita la Administración Pública no es un recorte de los controles y garantías establecidos, si no medidas efectivas que tengan capacidad de atajar la corrupción.

Los funcionarios y empleados de la Administración Pública son los principales testigos de la corrupción, muchos de ellos, sospechan o conocen con detalle las irregularidades que pasan por sus manos, por ello es necesario configurar un sistema de protección pleno para ellos, evitando que tengan temor a represalias, ahora mismo están desamparados, y sus miedos están fundados. Todos hemos visto casos de denunciantes que han sufrido campañas de desprestigio, difamación y represalias. El sufrimiento es grande, y la preocupación por nuestro Estado hasta el momento, ha sido nula, la Directiva viene a imponer una nueva regulación y ocupar en la legislación nacional un espacio vacío muy necesario.

El Gobierno de España tiene la oportunidad de proponer ante el Parlamento, una trasposición de la Directiva con una clara vocación de atajar la corrupción, donde defina con claridad como tienen que configurarse los canales de denuncia, cómo y quién tiene que gestionarlos, determinando el alcance de la protección a los denunciantes, no sólo en las empresas, si no en las Administraciones Públicas, es una magnífica oportunidad, y muchos esperamos, que este tren no se nos vuelva a escapar, la integridad y la trasparencia están en juego, el combate contra la corrupción debe iniciarse de una vez por todas.

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