El Comité Jurídico de la WCA presenta ante diversos organismos su informe-propuesta sobre la gestión de los fondos UE NEXT GENERATION en ESPAÑA

Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus, la Unión Europea aprobó un paquete de medidas económicas, en forma de ampliación del marco financiero presupuestario para 2021-2027 en 1.074.300 millones de euros y la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, Next Generation EU, por valor de 750.000 millones de euros. Dichas medidas supondrán para España la llegada de 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026. El Gobierno de España ha afrontado esta oportunidad y está trabajando en la preparación y presentación de proyectos de relevancia para el país y la aprobación de los paquetes legislativos correspondientes. 

Desde la World Compliance Association, celebramos los esfuerzos de las instituciones europeas y del Gobierno para la reconstrucción de España, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de señalar la importancia que para su éxito tiene el establecimiento de los mecanismos necesarios y suficientes para garantizar una adecuada distribución y destino de los fondos bajo el espíritu de integridad, y los principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia de los procedimientos, la equidad y la no discriminación. Por ello, el Comité Jurídico de la WCA, formado por abogados y profesionales del compliance, ha elaborado un informe con diversas propuestas para ofrecer algunas soluciones técnicas que entendemos permitirán gestionar los fondos de una forma más neutra, profesional e íntegra, evitando así la corrupción o la aplicación de prácticas no adecuadas que puedan derivar en una pérdida de esta inyección monetaria, deteriorando la imagen de España y su maltrecha “reputación”.

El informe ya ha sido presentado a diversos organismos nacionales y europeos, tales como el Consejo Superior de Transparencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Presidencia, el Consejo de Estado, la Cámara de Comercio, el Consejo de la abogacía, la CNMC y la Comisión Europea.

Dentro del documento, se recogen propuestas concretas tales como: 

• Definición de la estructura operativa gestora de los Fondos.
• Aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, básicos en la contratación pública.
• Diseño e implementación de una estrategia de integridad pública.
• Establecimiento de controles adecuados y suficientes a las Agencias Estatales, sometiéndolas, igualmente, a los principios de integridad, diligencia debida y transparencia y a las guías o recomendaciones anticorrupción de la OCDE.
• Introducción de mecanismos propios de los programas “privados” de Compliance en los convenios y en las formas mixtas de colaboración público-privada.
• Implementación urgente de la Directiva UE 2019/1937, de protección a los alertadores.
• Adopción de principios específicos de auditoría y control interno.
• Refuerzo de controles en los procedimientos de otorgamiento de subvenciones.

Descarga el documento adjunto para consulta el informe completo.