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Luz verde sin votos en contra a la ponencia de la futura Ley andaluza contra el fraude, que se aprobará en junio

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha aplaudido este martes el trabajo realizado por la Comisión del Parlamento sobre una norma que ha calificado de histórica, según ha señalado por medio de una nota.

Marín ha apelado a los grupos para sacar esta ley por unanimidad, lanzando un mensaje unívoco de que Andalucía ha dejado atrás los años de escándalos diarios y hay una voluntad firme de evitar que en el futuro se repitan esas malas prácticas que tanto daño han hecho a la imagen de la comunidad y han mermado la confianza de los andaluces en sus instituciones, según ha informado la Consejería por medio de una nota.

El vicepresidente andaluz ha recordado que la lucha contra la corrupción es un compromiso político que está en el acuerdo de Gobierno de PP y Cs y que volvimos a reeditar recientemente en el pacto de estabilidad que hemos suscrito.

El proyecto de Ley, que contempla la creación de una Oficina contra el fraude y la corrupción adscrita al Parlamento para garantizar su independencia, ha recibido el beneplácito de sindicatos, empresarios, Fiscalía Anticorrupción, el TSJA o el Defensor del Pueblo Andaluz, quienes hicieron sus aportaciones en la Comisión parlamentaria y valoraron la creación de este instrumento.

En el trámite parlamentario, el texto se ha enriquecido con el debate entre los grupos parlamentarios, cuyo trabajo ha agradecido Marín al tiempo que ha apelado a su compromiso para que esta ley pueda ser aprobada por unanimidad con el consenso de todo el arco parlamentario como prueba de la voluntad firme de erradicar la corrupción de Andalucía.

La Oficina contra el fraude que contempla la norma estará integrada por funcionarios y dirigida por una persona de reconocido prestigio, nombrada por una mayoría cualificada de la Cámara andaluza.

Podrá investigar de oficio o previa denuncia la actuación no solo de la Junta y sus entidades instrumentales sino de ayuntamientos, universidades, órganos de la comunidad como el Defensor del Pueblo y cualquier persona u organización que haya recibido fondos públicos de la administración andaluza.

Tendrá capacidad sancionadora, con multas que pueden oscilar entre los 300 y los 100.000 euros en función de la gravedad de las infracciones, como ignorar sus recomendaciones, fallos en la custodia de documentos o la coacción al denunciante o al personal de la propia Oficina u obstruir su investigación.

No viene a suplir las competencias en materia de control fiscal de la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas sino a sumar y a colaborar con los órganos judiciales ya que ante cualquier indicio de delito lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía.

PROTECCIÓN A QUIEN DENUNCIE PARA EVITAR REPRESALIAS

Para Marín, uno de los aspectos más importantes de la norma es que ofrece protección a quien denuncie para evitar represalias como las que muchos han vivido por sacar a la luz casos de corrupción, con especial atención a los funcionarios y empleados públicos de la Junta, que incluso tendrán derecho a ser trasladados a otro puesto del mismo nivel.

El texto también modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos para, entre otras cosas, impedir que sean titulares o autorizados en cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la administración andaluza.

La Oficina contra el fraude asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, lo que supone un plus más de garantía de independencia en el control.

Es una norma ambiciosa para dotar a Andalucía de herramientas que impidan actuaciones que en el pasado nos han indignado y avergonzado, y forma parte de un compromiso más amplio de regeneración emprendido por este Gobierno, y en especial desde la Consejería que dirijo a través de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, junto a medidas como la profesionalización de los directivos de las empresas públicas, los planes de transparencia, la futura Ley de Evaluación de Políticas Públicas o el Código de Buen Gobierno en el que estamos trabajando, ha concluido Marín.

CS: DESDE SIEMPRE HEMOS LUCHADO CONTRA LA CORRUPCIÓN

El portavoz de Cs en la Comisión de Turismo y ponente del anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, Raúl Fernández, ha calificado de buena noticia para los andaluces que el texto se remita ya para su aprobación definitiva en Pleno, al tiempo que lo ha retratado como un instrumento fundamental en la lucha contra el fraude y la corrupción, hecho que ha calificado como una lacra para Andalucía y España y ha llevado a la falta de confianza en la clase política.

Desde Ciudadanos siempre hemos luchado contra la corrupción, ha afirmado Fernández, quien ha esgrimido que en nuestro lema figura la tolerancia cero con la corrupción, al tiempo que ha blandido que no se habla de corrupción desde que estamos en la Junta de Andalucía.

El parlamentario de Cs ha reivindicado la contribución de su partido en la lucha contra la corrupción desde que entramos en el Parlamento, que ha concretado en el hecho de que en la pasada legislatura se intentó ofrecer esta ley al PSOE, que no la aceptaron.

Raúl Fernández, que ha subrayado la adscripción al Parlamento de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción y su independencia del Gobierno, ha asegurado sobre las abstenciones de PSOE y de Adelante Andalucía que no la entendemos al argumentar que se está a favor o en contra de una ley contra la corrupción, mientras que ha recriminado al PSOE que nunca ha tenido intención de aprobar la ley, que trata de evitar los casos de corrupción.

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