La nueva Fiscalía Europea, que perseguirá a los sospechosos de cometer fraude contra los intereses financieros de la Unión, prevé investigar cada año unos 3.000 casos, ha dicho la responsable del organismo, la rumana Laura Kövesi.
El fraude a las finanzas comunitarias no solo está poco documentado e infraestimado sino también muchas veces incluso tolerado, ha explicado Kovesi en un acto en Luxemburgo, con motivo de la puesta en marcha de la Fiscalía Europea.
Según el último Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión, solo en 2019 se perdieron aproximadamente 460 millones de euros (de los 159.000 millones del presupuesto europeo anual) por esos delitos.
Bruselas reconoce, sin embargo, que probablemente el daño real al presupuesto de la Unión sea mucho mayor.
Ese dinero, argumenta la Comisión, podría destinarse a crear empleo, proteger el medioambiente, reforzar la economía o impulsar a industrias en declive.
La urgencia de la puesta en marcha de la Fiscalía está relacionada con los planes de recuperación que la UE tiene previsto comenzar a financiar en el futuro próximo para relanzar la economía europea tras la pandemia, cuyo presupuesto ascenderá a 750.000 millones de euros.
El organismo es histórico, es la primera vez que una gran mayoría de Estados miembros comparte sus poderes soberanos en el ámbito del Derecho penal, para proteger el presupuesto de la Unión Europea, ha dicho el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
La nueva Fiscalía, de la que forman parte todos los estados miembros menos Polonia, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Suecia, será competente, entre otros, para investigar y procesar a los responsables de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude en el pago del IVA.
Con base en Luxemburgo, los 22 fiscales y la fiscal jefe forman el primer nivel de la Fiscalía Europea, que se complementa con un segundo plano descentralizado: los fiscales delegados en cada país. En total serán 140 cuando estén todos nombrados.
Finlandia y Eslovenia, que forman parte del organismo, aún no han designado a sus fiscales delegados, pero ello no ha impedido la puesta en marcha de la Fiscalía.
Según las estimaciones de la propia Fiscalía, cada año registrará unos 3.000 casos.
El primero registrado, ha apuntado la fiscal jefe, fue planteado por Alemania, y también han llegado algunos casos de Italia.
Reynders ha subrayado la importancia de poder controlar mejor que nunca los fondos europeos con vistas a la puesta en marcha de los planes para la recuperación económica de la UE, tras la pandemia.
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