Al menos 150.000 euros a cambio de un contrato de dos millones de euros. Ése es el botín que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil creen que se embolsó el hasta hace sólo unos días vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería, Óscar Liria, por amañar supuestamente la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario pata hacer frente a la pandemia del Covid-19 que se adjudicó a una empresa barcelonesa ligada, a su vez, a una organización dedicada al narcotráfico.
Liria está, desde este mismo viernes, en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden de la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona, María de los Ángeles Fernández, que ha supervisado la investigación que ha llevado a cabo la UCO y que ha permitido destapar el primer caso de corrupción vinculado a la crisis sanitaria del coronavirus en España. Junto al ex vicepresidente tercero de la Diputación almeriense, la juez ha enviado a la cárcel al empresario Kilian López, administrador único de Azor Corporate Ibérica SL, la empresa que se benefició del presunto amaño, junto a una tercera persona que habría actuado como intermediario.
Los 150.000 euros en comisiones se los encontraron los agentes de la UCO en los registros que hicieron de domicilios y sedes sociales a principios de esta semana, cuando se llevó a cabo la llamada Operación Lúa. En concreto, el dinero estaba en varias viviendas de Liria en Almería, repartido en sobres que contenían, según confirmaron fuentes cercanas al caso, entre 6.000 y 10.000 euros.
Entre Azor Corporate Ibérica y el ya ex alto cargo de la Diputación de Almería -fue destituido tras su detención y expulsado de su partido, el PP- hay una relación de tipo familiar, señalaron las fuentes consultadas, que en principio descartaron que Liria estuviese además implicado en los negocios de tráfico de marihuana de Kilian López.
Precisamente, fue el narcotráfico el origen de esta investigación, que se inició en 2020 y se centraba en una organización dedicada a la venta de marihuana que se distribuía en Europa. En un momento dado, apareció un hilo que conectaba con la compra de material sanitario contra el Covid en la Diputación de Almería y apareció el nombre de Óscar Liria.
Fue él quien propuso directamente a la corporación provincial la compra de este material a Azor Corporate Ibérica en lo más duro de la pandemia, a principios de abril del año pasado, y por un importe cercano a los dos millones de euros. El contrato, se formalizó el 8 de abril de 2020, cuando se aprobó el gasto de 1.999.886,24 euros (más IVA) para adquirir 500.000 mascarillas FFFP2, 15.570 monos de protección, 500.000 guantes de nitrilo y gastos de transporte. En total, algo más de dos millones de euros.
La adjudicación se hizo por vía de urgencia y el dinero se pagó de forma anticipada a la llegada de la mercancía, una práctica que en aquellos momentos era habitual dada la absoluta escasez de este material en los mercados, que debía llegar en un plazo de cinco días.
Sin embargo, además de las irregularidades en la adjudicación y el supuesto cobro de comisiones, se da la circunstancia de que Azor no entregó a tiempo el material, una parte la entregó defectuosa y otra, simplemente, no llegó nunca a manos de la Diputación de Almería.
Tanto es así que el pasado día 1 de junio, el presidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García, dictó un decreto para resolver el contrato con Azor por incumplimiento de la empresa, cuando todavía no se conocía nada del escándalo de corrupción que ha estallado esta semana y que ha forzado cambios en su equipo de gobierno, además de provocar una crisis política y la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de material sanitario.
La UCO, por ahora, solamente ha encontrado irregularidades en esta adjudicación, pero las fuentes consultadas indicaron que se están analizando otros expedientes.
Pero Azor Corporate Ibérica SL no sólo hizo negocios, supuestamente corruptos, con la pandemia en Almería. Además, y así consta en la información mercantil a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se benefició de las ayudas que facilitó el Gobierno central para que las empresas pudiesen hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria.
Para ser exactos, recibió un aval por un importe de 24.000 euros del Instituto de Crédito de Oficial (ICO).
La operación Lúa no sólo ha tenido como escenario Almería, sino que, además, se ha desarrollado en Valencia, Barcelona, Girona, Murcia y Palma de Mallorca, con numerosos registros y hasta trece detenciones en total, aunque sólo Liria, Kilian López y el testaferro han sido enviados a prisión. El resto han sido puestos en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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