El 60 por ciento de los españoles cree que las personas que denuncian corrupción o infracciones graves deberían poder hacerlo de forma anónima si creen que se arriesgarían a sufrir represalias, según un informe de investigación publicado hoy con motivo del Día Mundial de los Alertadores por la Organización No Gubernamental (ONG) internacional Blueprint For Free Speech.
Desde que se aprobase la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, en España no todavía no se ha transpuesto la misma, si bien, es público que el Ministerio de Justicia tiene un grupo de juristas trabajando sobre ello y el plazo no cumple hasta el 17 de diciembre de este año.
De acuerdo con este informe, basado en una encuesta realizada a nivel nacional con IPSOS, en la que han tomado parte 2.174 personas, el 55% de los encuestados denunciaría la irregularidad en una página web si pudiesen hacerlo de forma anónima.
Solo el 15% de los españoles desea que los alertadores faciliten sus identidades al destinatario de la información. Es posible que el destinatario no sea la persona a la que acusan de corrupción; podría ser una agencia anticorrupción, por ejemplo.
El apoyo a la denuncia anónima es mayor entre los que tienen un título (58 por ciento) y los trabajadores autónomos (60 por ciento). El hecho de que la mayoría quiera hacer una denuncia anónima y también quiera que el anonimato se proteja a través de regulaciones y políticas, sugiere que los encuestados están preocupados por el riesgo de sufrir represalias si denuncian.
A la hora de describir lo que quieren que ocurra, todos los grupos de edad desean que se proteja a los alertadores (el 67 por ciento del rango de edad entre 18 a 24 años, y el 73 por ciento del rango de edad entre 35 a 54 años).
Según un estudio que llevó a cabo la Comisión Europea en 2017, la falta de protección de alertadores, o denunciantes de corrupción, está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto.
Otro dato importante que se desprende del estudio de Blueprint For Free Speech es que el 57 por ciento de los encuestados piensan que en las organizaciones se mantiene en secreto demasiada información.
Y sólo el 21% cree que se guarda en secreto una cantidad adecuada de información.
Las mayorías a favor de la transparencia fueron particularmente notables en los grupos de edad de 25 a 34 y 35 a 44 años, con un 66% y un 61% respectivamente.
Las mujeres se mostraron más escépticas de las organizaciones: el 62% en general dijo que el nivel de secreto en las instituciones públicas y privadas era demasiado alto, en comparación con el 52% de los hombres.
Por Comunidades Autónomas, los ciudadanos de La Rioja, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón son los que piensan que hay demasiada información secreta.
Los encuestados, por otra parte, aparecen divididos en cuanto a las vías más eficaces para denunciar las irregularidades.
Algo menos de la mitad (48 por ciento) opina que utilizar los canales oficiales acudiendo a las autoridades es el recurso más eficaz en la práctica diaria.
El 12 por ciento opina que lo más eficaz es dirigirse directamente a los medios de comunicación.
El 10 por ciento piensa que lo más eficaz es informar directamente al público en general (a través de internet o de las redes sociales).
En general, el 16 por ciento de los encuestados desconfía de todos los mecanismos de denuncia.
Esta cifra se eleva al 21 por ciento en el rango de edad entre 35 y 44 años.
Sorprendentemente, una cuarta parte de los menores de 25 años considera que las redes sociales, los blogs y otros medios de comunicación digitales son la forma más eficaz de conseguir que se actúe a la hora de denunciar irregularidades.
Un rotundo 86% de los españoles piensa que quienes tienen información sobre faltas graves en una organización deberían poder recurrir a un periodista, los medios de comunicación o internet para llamar la atención sobre irregularidades.
El apoyo incluye a los alertadores que lo hagan como primera opción, a quienes cuenten con un motivo específico, o como último recurso.
Esta cifra tan alta claramente apunta a un apoyo abrumador para proteger a los alertadores que decidan realizar revelaciones públicas.
23 de Abril
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)