La Fiscalía General del Estado considera que la percepción de la sociedad sobre ciertas formas de corrupción ha cambiado y lo que antes era tolerado tanto por los tribunales como por la sociedad ahora se censura y se considera gravemente lesivo y que deteriora de manera relevante los fundamentos sobre los que se erige el Estado social y democrático de derecho. En esa línea considera conveniente la creación de una unidad de fiscales específicos para luchar de forma más ágil y coherente contra ciertas formas de corrupción en la Administración, como la fragmentación de contratos públicos para no sacarlos a concurso o el uso de instrumentos privados en la gestión de lo público, que no alcanzan la trascendencia de los asuntos que corresponden a Anticorrupción.

Según afirma la memoria de la Fiscalía de este año, se trata de mejorar la persecución de comportamientos ampliamente generalizados en el pasado, creados al objeto de eludir la aplicación de la norma administrativa, que han pasado a concebirse como gravemente ofensivos para el orden jurídico penal. Esa percepción se ha instalado en la sociedad, pero también en los tribunales, que han adquirido conciencia de la gravedad de dichas prácticas, fruto de su dañina repercusión en el desarrollo económico de la sociedad, así como en la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas

La memoria justifica la importancia de la iniciativa en que la pérdida de confianza en la Administración se revela como un factor idóneo para estimular la aparición de conflictos sociales y de distorsiones de naturaleza sistémica, así como de actitudes contrarias a derecho. Incluso considera necesario extremar la diligencia y exhaustividad en la investigación de estos delitos, porque ello repercute directamente en el crédito que el Ministerio Fiscal, en particular, y la administración de justicia, en general, merecen a la ciudadanía.

Red de expertos

La propuesta del ministerio público pasa por crear una red de fiscales expertos en la persecución de este tipo de ilícitos con una formación específica en Derecho administrativo, orgánicamente dirigida por un fiscal de Sala delegado, pues se trata de delitos que en no pocas ocasiones presentan un alto grado de sofisticación y que, por lo general, son cometidos por sujetos con elevados conocimientos en materia administrativa.

Esta unidad no sería incompatible con la Fiscalía Anticorrupción, porque esta no es competente para buena parte de estos delitos y su ámbito de actuación se encuentra limitado a los supuestos que presenten especial trascendencia, razón por la que en la práctica su intervención únicamente se produce en un muy limitado número de ocasiones.