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La pandemia espolea el fraude en las empresas españolas

La suplantación de identidad ante los clientes concentra la principal práctica delictiva a la que han tenido que hacer frente las compañías en 2021

Además de paralizar la actividad y castigar las cuentas de las empresas, el coronavirus también ha espoleado el fraude. Así lo denuncian las compañías y lo recoge el Informe sobre el estado del fraude en España 2021 que ha elaborado la Asociación de Empresas Españolas contra el Fraude (AECF) y que se ha publicado este martes. En la lucha contra el engaño, el principal problema al que se han enfrentado las empresas ha sido el de la falta de asignación de recursos humanos y económicos (25%), seguido del desconocimiento de los ciudadanos de los riesgos de acometer las estafas (19%).

De entre todas las fórmulas de fraude a la que han tenido que hacer frente las empresas, la más repetida tiene que ver con la usurpación de la identidad de sus clientes (58%). Prácticas como el fraude documental (la modificación de datos en un documento), con un 29%, se sitúan por delante del phishing (cuando un asaltante se hace pasar por una persona, empresa o servicio de confianza de la víctima) o el smishing (que consiste en el envío de un mensaje de móvil a un usuario simulando ser una entidad legítima para robarle información privada o realizarle un cargo económico), que han representado el 27% de los intentos de fraude.

La conclusión central del informe es contundente: “El fraude se ha incrementado durante esta situación excepcional, atraído por la elevada inseguridad laboral y la incertidumbre”. Y no se trata de un asunto menor, pues para un 46% de los encuestados (la muestra la componen al menos 12 compañías) la lucha contra estas prácticas delictivas se encuentra entre las cinco primeras preocupaciones. Del otro lado, el 42% lo rebaja a las 10 primeras, mientras que solo el 4% lo coloca al frente de la lista; y el 8% afirma que no se trata de una prioridad para su empresa.

Andalucía, Cataluña y Madrid, los principales focos

El balance de daños también resulta una prueba de cargo contra el impacto de estos ciberdelitos durante el último año sobre las compañías: el 46% de los encuestados sostiene que estas cantidades oscilan entre más de los 100.000 euros y menos de los 300.000, mientras que para el 36% este número alcanzaría más de un millón de euros. Para el 9% de los consultados, la cuantía está entre más de 500.000 euros y menos de un millón de euros. El 9% restante declara no haber sufrido pérdidas por fraude en su compañía.

Hay territorios especialmente marcados por los intentos de fraude. Son las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid, por este orden, las que se han visto más afectadas este año. De entre ellas, Cataluña es la que ha experimentado un mayor crecimiento con respecto a 2020, con una subida del 35%. Para 7 de cada 10 encuestados (71%), los intentos de fraude en los últimos meses se han incrementado más que el año pasado, y el 46% señala haber sufrido más pérdidas que en el año pasado.

Refuerzo de la Inspección

Dentro de la lucha contra el fraude, pero en el ámbito opuesto a lo que recoge el informe, esto es, en el que llevan a cabo las empresas, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023, con el que pretende reforzar este organismo y mejorar su eficacia. Además de aumentar la plantilla en una cantidad todavía por determinar, el plan incluye la implementación de nuevas tecnologías y el uso del big data (macrodatos) para abordar las situaciones derivadas de los nuevos escenarios laborales (plataformas digitales, comercio electrónico...). Adicionalmente, se creará la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación y se configurará una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional.

Este rearme de la Inspección vendrá sostenido por el aumento del presupuesto para el año 2022 que será del 14% . “El plan contempla profundas mejoras estructurales y operativas, que reforzarán y ampliarán el peso de la actuación inspectora en el proceso de recuperación”, ha señalado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante lo que va de año la Inspección ha detectado 50.191 empleos irregulares que han sido dados de alta en la Seguridad Social, y se han transformado 280.565 contratos temporales irregulares en indefinidos.

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