Pese a que la covid-19 ha impulsado los pagos con tarjeta en detrimento del efectivo -que en los peores momentos de la pandemia implicaba un contacto físico peligroso para la salud- un 70% de los españoles cree que esto no ha sido suficiente para evitar un aumento del fraude.
Según el estudio Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2020 elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, adscrito al Ministerio de Hacienda, siete de cada diez españoles creen que la actividad defraudadora ha aumentado por la pandemia: un 40% considera que ha aumentado algo, mientras que un 30% cree que ha crecido bastante.
Esto supone un cambio de tendencia respecto a los últimos años. Entre el año 2008 y 2017, Hacienda observó que cada vez más gente pensaba que el fraude fiscal iba en aumento, pero desde 2017 se produce un descenso y va subiendo el número de españoles que piensa que cada vez hay menos fraude. En 2020, sin embargo, se vuelve a cifras similares a 2008.
La mayor parte de los ciudadanos considera que el fraude fiscal ha sido una constante en la última década, como pone de relieve no solo la serie histórica, sino también los datos obtenidos en este Barómetro, explica el Instituto.
Según el estudio, todos los colectivos creen que la economía sumergida está creciendo y están convencidos de que existen ciertos colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública como los empresarios, los profesionales liberales y los trabajadores autónomos.
Resulta curioso que son los propios empresarios encuestados por el Instituto los que consideran que ellos mismos son los que más defraudan, algo que el organismo califica de autocrítica.
Aquellos colectivos a quienes se atribuye una conducta fiscal más deshonesta, muestran cierto grado de autocrítica. Como ya se ha visto, el 55% de los encuestados atribuyen al colectivo de empresarios una conducta fiscal deshonesta, quedando el resto de menciones repartido entre los demás colectivos. Siendo más de la mitad del grupo de empresarios entrevistados los que opinan que es su colectivo el que más defrauda (conciencia de autocrítica), señalan.
La falta de honradez y de conciencia cívica son las razones más comunes a la hora de explicar el fraude fiscal por parte de los encuestados, pero también aluden a la excesiva impunidad de los defraudadores o al hecho de que la presión fiscal en España sea excesiva. Un 16% cree que si no se pagara ningún impuesto, todos viviríamos mejor.
En 2020, toman mayor protagonismo respecto a otras ediciones ideas como que la lucha contra el fraude no es eficaz y resulta llamativo también que casi uno de cada cuatro encuestados justifica de un modo u otro la existencia de fraude.
Esta justificación tiende a basarse en un argumento auto exculpatorio: son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (para el 22,8%), antes que en un argumento estructural: lo normal es evadir los impuestos (para el 6,2%), detallan.
El Instituto de Estudios Fiscales comprueba también con este informe que la mayoría de los ciudadanos piensa que la relación entre los impuestos que se pagan y los servicios y prestaciones que se reciben en España es peor que la existente en otros países de la UE.
El servicio que más justifica el pago de impuestos sigue siendo la sanidad (51%). A su vez, es también el servicio que presenta el mayor margen de mejora, pese a ser en su opinión el mejor gestionado, con la mayor accesibilidad y el más adecuado a los impuestos que se pagan.
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