Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Entrevistamos a Jorge Andrés Amézquita, nuevo presidente del Capítulo Colombia de la World Compliance Association

La World Compliance Association da la bienvenida al nuevo presidente del Capítulo Colombia de la asociación, Jorge Andrés Amézquita Toro. Es Doctor en Derecho -Penal y Ciencias Penales- y Máster Oficial en Criminología y Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales del mismo centro y la Universidad Pompeu Fabra; y Máster en Gestión de Riesgos y Compliance -Blanqueo de Capitales de EALDE.

Es Licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona y Abogado de la Universidad de Antioquia. Presenta amplio complemento académico en cursos relacionados con Compliance. Es Abogado Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (Esp.) y Abogado litigante autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura (Col.). Abogado externo de empresa en materia penal, entre otras, UNE-EPM Telecomunicaciones y Colombiamovil (TIGO).

Profesor universitario en temáticas relacionadas con Derecho penal y Compliance. Entre ellas, es Docente de Derecho Penal de la Persona Jurídica del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN International Business School; es Docente del Diplomado de Compliance y Derecho de los Negocios de la Universidad Católica de Colombia; Docente tutor dentro del Curso Compliance y Derecho Penal Corporativo de Tirant Lo Blanch (Col.). Es Socio Fundador de la firma C3, firma aplicada al Compliance y defensa penal corporativa (Col.). Desde esta, ha liderado la implementación de diversos programas de cumplimiento.

En esta entrevista, conocemos sus proyectos para el capítulo y su perspectiva del compliance en Colombia. 

¿Qué significa para usted el reciente nombramiento como presidente del Capítulo Colombia de la World Compliance Association? 

Además del enorme compromiso, constituye un honor liderar conjuntamente con el equipo de trabajo del Capítulo un objetivo que, incluso, visioné desde la misma pertenencia como asociado a WCA años atrás. En términos generales, dicho compromiso se concreta en el desarrollo óptimo del cometido intrínseco de la Asociación.

¿Qué retos se plantea?

El gran reto consiste en trasladar la experiencia internacional de la Asociación al contexto de las corporaciones privadas y públicas nacionales, concretamente el acoplamiento e institución cultural de prácticas de buen gobierno y cumplimiento como vía para la consecución de sus objetivos estratégicos.

¿Cuál es la situación actual del compliance en Colombia y qué necesidades detecta? ¿Cuáles cree que son los retos a corto, medio y largo plazo?

Si observamos el compliance desde su vertiente normativa, al tratarse de una figura propia de sistemas jurídicos alineados con la cultura del Common Law, se advierte que se trata de un novel instrumento que se viene integrando gradualmente al sistema legal y regulatorio nacional. Algo similar sucede en los distintos países de Latinoamérica. Entre otros efectos, ello genera que en el entorno jurídico y corporativo nacional se considere una figura rara avis, desconocida, en términos generales, como categoría conceptual y más como instrumento de gestión organizacional. Pero ello no significa que el Compliance no esté plenamente insertado en la operación de múltiples de nuestras corporaciones. Por tanto, tal necesidad se enmarca en la difusión e integración de esta figura a nivel de gestión organizacional.

En consonancia con lo anterior, pueden plantearse retos a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, la idea es congregar a todos aquellos actores afines al cumplimiento (asociados y no asociados), a fin de conformar nodos que permitan aunar fuerzas en la “expansión cultural” del Compliance. A medio plazo, el reto consiste en permear gradualmente corporaciones del sector privado y público de cara a potenciar dichas dinámicas de gestión organizacional. Y, a largo plazo, el objetivo no es otro que lograr un transformación cultural de gran alcance en la gestión organizacional que permita reducir el nivel de materialización de prácticas lesivas originadas en actividades corporativas. En este último plano, en definitiva, recordando la “Pirámide de la RSC” de Carrol, se remará siempre bajo el objetivo de procurar corporaciones que, más allá de su fin económico inherente y el cumplimiento imperativo de la legalidad, se alineen con prácticas éticas y, por qué no, filantrópicas.

¿Cuál es la situación de la normativa en esta materia en relación con otros países?

El último quinquenio ha sido especialmente importante para el desarrollo del cumplimiento normativo en Colombia. En las grandes corporaciones multinacionales el recorrido es importante, naturalmente, habida cuenta las exacciones normativas en el plano internacional, por ejemplo, frente a la FCPA y ley SOX, por citar algunas de las más relevantes en este contexto transnacional. Por supuesto, estas normas coexisten con sistemas de gestión regulados internamente, como en materia de soborno. En lo que respecta a empresas de espectro nacional, particularmente las del sector financiero, presentan también ya una larga experiencia en la prevención de riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero en las empresas del sector real, sin embargo, la experiencia es menor.

En este ámbito, la Superintendencia de Sociedades ha ido potenciando en los últimos cinco años importantes normas en materia de prevención de estos mismos fenómenos (lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno transnacional, fundamentalmente), enfocándose en los sectores económicos más propensos a la materialización de dichas tipologías de riesgos. Es el caso de las empresas de los sectores farmacéutico, infraestructura y construcción, manufacturero, minero-energético, tecnologías de información y comunicaciones, vehículos y autopartes, en materia de soborno transnacional y corrupción de alcance nacional, o los clásicos sectores construcción, inmobiliario, aurífero, jurídico y contable para riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Lo anterior no significa que en estos sistemas se agote el Compliance, como tampoco que los mismos definan dicha figura. Pero sí es una puerta para generar dinámicas organizativas alineadas con la buena gobernanza y el Compliance. Añádase que, a la fecha, existen proyectos de ley en curso que incorporan expresamente le figura y/o sus distintos componentes estructurantes. Anótese de paso que, si bien hay fuerte regulación en ámbitos como el tributario, la libre competencia o la protección de datos personales, por mencionar sólo algunos, se debe procurar aquí la lógica del Compliance.

Por otro lado, en lo que respecta al sector público, si bien todas las entidades públicas en sus distintos ámbitos territoriales (nacional, departamental y municipal) están obligadas a contar con los denominados Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (“mapa de riesgos de corrupción”, “medidas concretas para mitigar dichos riesgos”, etc.), así como también con un sistema de control interno que integre dentro de su alcance el riesgo de corrupción que enfrentan dichas organizaciones (todo ello bajo el marco del denominado “MIPG”), en términos generales, hasta ahora dichos mecanismos se comienzan a mirar -tímidamente- desde la perspectiva del Compliance (Public Compliance). Prueba de esto último es el Proyecto de Ley 341 de 2020, que busca la transfiguración de los citados Planes Anticorrupción bajo la estructura de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial previstos para el sector empresarial (con todo su arsenal de mecanismos de Compliance: gestión de riesgos, canales de denuncias, debida diligencia, formación, entre otros).

Por todo lo anterior, en términos generales, esto nos ubica como país en una posición convergente con los demás Estados de la región en materia de Compliance, pero naturalmente todavía por debajo de las naciones con mayor nivel de desarrollo. En ello radica justamente la importancia de cada capítulo de WCA que se asienta en la región.

¿Cuáles son los objetivos del capítulo en el país?¿Qué eventos y actividades tienen previsto organizar en el país?

Los objetivos generales del Capítulo Colombia, en línea con lo anotado, son fomentar mediante distintos frentes de acción el compliance tanto en el sector privado como público, de modo que empresas y entidades públicas vayan implementando y consolidando gradualmente dinámicas de buen gobierno, éticas y cumplimiento normativo en el marco de su gestión ordinaria. Para tal cometido, la actual Junta Directiva del Capítulo se ha propuesto como meta a corto plazo vincular el mayor número posible de actores estratégicos nacionales (empresa, Estado, academia, entes no gubernamentales, etc.), tanto personas naturales como jurídicas (del ámbito privado y público), a fin de proponer y ejecutar estrategias de divulgación, formativas y operativas que permitan caminar firmemente hacia el logro de tales objetivos. Entre otras actividades, se proyectará la creación de comités técnicos, la organización de congresos generales y sectoriales, el desarrollo de foros o conferencias especializadas, producción de publicaciones, entre otras actividades propias de la misión de la World Compliance Association. Que sirva esta comunicación, pues, para invitar a todos aquellos actores que quieran sumarse y participar activamente en la propulsión de este Capítulo Colombia.

#proudtobeWCA

Quiénes Somos


 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas