Autora: Concepción Campos Acuña
TOLERANCIA cero frente a la corrupción. Este debe ser el compromiso de las autoridades responsables de la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de las autoridades al más alto nivel. Esta exigencia, que proviene de la propia normativa europea, se hizo real en España en el BOE el día 30 de septiembre. Ese día se publicaba una Orden Ministerial que introducía una exigencia adicional para la gestión de los Fondos: un Plan de Medidas Antifraude. Un Plan de Medidas Antifraude que permita asegurar que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Un par de observaciones previas. La primera, que no deja de resultar extraño que solo nos preocupemos de prevenir el fraude y de luchar contra la corrupción cuando se trata de fondos europeos, del presupuesto europeo, pero cuando se trata de fondos recaudados de nuestros impuestos este riesgo no parece importar. La segunda, el plazo, extremadamente justo, sobre todo teniendo en cuenta la escasa cultura antifraude existente en nuestro país, sólo 90 días desde la entrada en vigor de la Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR y que ha hecho saltar el botón del pánico, y requiere gestionar los riesgos existentes.
La gestión de los riesgos inherentes al volumen de un gran presupuesto no es un tema menor. Las últimas previsiones sobre el grado de ejecución de los Fondos Europeos ya concedidos (los datos siempre los datos), son poco halagüeñas en relación a las posibilidades de cumplimiento de los hitos y objetivos que exige el PRTR, la última previsión, la de la AIReF, estima una ejecución inferior al 40%. Y esto generará un riesgo, el de intentar tomar atajos, como adjudicaciones directas, preasignación de subvenciones no permitidas, eliminación de controles, certificaciones inexactas, la agilización de trámites no permitidos y la aparición de prácticas clientelares, entre otros.
Preocupa (y mucho) la capacidad administrativa para absorber y gestionar los fondos europeos con el actual sistema de gestión del Plan, en especial a través de contratos y subvenciones, por no hablar de las expectativas generadas por los PERTE. Porque nos encontramos ante un escenario excepcional para el que no se han previsto medidas excepcionales suficientemente dimensionadas, en un laberinto burocrático que, siguiendo la máxima de Tácito, puede conducir a mayor corrupción. De ahí que resulte necesario articular un completo conjunto de medidas para prevenir, detectar, corregir y perseguir el fraude y la corrupción, aunque, personalmente, prefiero hablar de medidas de integridad.
Medidas de integridad, porque fraude y corrupción son términos que presentan un sesgo negativo, que suenan a delito, y el objetivo debe formularse en positivo. El objetivo debe ser el despliegue de un completo sistema de integridad, que permita el desarrollo de una cultura ética, basada en algunos aspectos como pueden ser el fomento de valores como la integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez.
Algo muy necesario si tenemos en cuenta que el último Barómetro contra la corrupción de TI España recogía un dato revelador sobre nuestra cultura: un 40% de los españoles admite haber utilizado relaciones personales para acceder a servicios públicos. En este contexto, la tolerancia cero frente a la corrupción parece más que necesaria, y no sólo para los Fondos Europeos.
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