La función de Cumplimiento en las grandes empresas ha ido ganando peso y madurez en el organigrama de las organizaciones desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, hace más de una década. Sin embargo, se enfrenta todavía a retos signifcativos como la independencia de su función y la efectividad de los sistemas que gestionan. Según se recoge en la segunda edición del Estudio sobre la Función de Cumplimiento 2021, realizado por el equipo de Forensic & Integrity Services de EY, sólo el 43% de los directivos consultados reconoce que la función de Cumplimiento es totalmente independiente en sus compañías.
Si nos adentramos más en los resultados del estudio, el 83% afirma que el responsable de la función de Cumplimiento es nombrado por el Consejo de Administración o la Comisión de Auditoría, lo que a priori es síntoma de autoridad e independencia. Sin embargo, cuando se les pregunta por quiénes son los responsables de evaluar el desempeño y decidir sobre su promoción, este porcentaje cae del 83% al 45%. Así, se desprende que son otras áreas corporativas, distintas del órgano de Administración, quienes ejercen autoridad en el día a día, sobre el responsable de la función de Cumplimiento, pudiendo comprometer su independencia.
En opinión de Iñigo Sebastian de Erice, socio de la práctica de Forensics & Integriy Services de EY, “la función de Cumplimiento en España está alcanzando cierto grado de madurez, pero se enfrenta a dos retos diametralmente opuestos: uno desde arriba y que consiste en lograr el pleno compromiso, no solamente a efecto nominal, del Órgano de Administración; y otro desde abajo y que consiste en dotarse de un riguroso conocimiento de cómo funciona el entorno de control de la organización”. “Existe -concluye- la necesidad de dotar de independencia y autoridad, real y no solamente aparente, a la figura de responsable de Cumplimiento”
Cuando se pregunta a los directivos de esta área por los puntos de mejora de esta función, los aspectos que más se repiten son, un mayor compromiso e involucración por parte del Órgano de Administración y de la Alta Dirección; seguido de establecer una mejor coordinación y comunicación con otras áreas corporativas de la organización y, finalmente, dotarse de mecanismos que les permita evaluar los riesgos de Cumplimento de una forma más rigurosa y precisa.
En cuanto a los recursos con los que cuenta la función de Cumplimiento, existe todavía una gran divergencia en la dotación presupuestaria. Así, nos encontramos situaciones en las que, organizaciones comparables por empleados y volumen de negocio cuentan con una dotación presupuestaria y de recursos hasta 10 veces superior entre unas y otras. Además, el 65% de los encuestados considera que el presupuesto es insuficiente o claramente insuficiente.
La introducción del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal puso sobre la mesa la importancia de que las organizaciones pudiesen acreditar la idoneidad de sus sistemas de Compliance ante un eventual proceso judicial. Más de una década después, y pese a que la Fiscalía General del Estado publicó una Circular en 2016 sobre ello, las empresas siguen sin tener claros cuáles son los elementos sobre los que podrían ser examinados. Solamente un 6% considera que dichos elementos de juicio por parte de los reguladores son claros y precisos.
“De igual modo que se ha producido en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, los reguladores deben establecer directrices claras acerca de que esperan de las organizaciones a la hora de desarrollar sus Sistemas de Cumplimiento. Aunque en un principio la circular de 2016 de la Fiscalía fue valorada positivamente, a tenor de los resultados de la encuesta parece que se ha quedado corta en este sentido”, añade Jordi Riera, Socio de Forensic & Integrity Services de EY en Barcelona.
El equipo de Forensic & Integrity Services de EY ha realizado este estudio a partir de una encuesta online durante el pasado mes de octubre en el que han participado directivos de Cumplimiento de 100 empresas procedentes de diversos sectores y tamaños, entre ellas, una amplia representación de empresas cotizadas en el IBEX-35.
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