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18/01/2022

Presidente Duque sanciona Ley de Transparencia, que levanta el velo corporativo para luchar contra la corrupción

Bogotá , 18/01/2022

La Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción crea el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos, entre otras acciones.



Bogotá, 18 de enero de 2022.



El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, sanciona la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción que levanta el velo corporativo de compañías para enfrentar a quienes pretenden lucrarse con los recursos públicos.



Con la firma de la Ley, el denominado velo corporativo se levanta cuando se cuente con serios indicios de que la acción u omisión de una persona jurídica pueda determinar que existen casos de corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos.



Así mismo, aplica cuando la persona jurídica promueva o se encuentre en estado de insolvencia o liquidación, y ponga en riesgo el resarcimiento del patrimonio público afectado.



Y, finalmente, cuando la lesión al patrimonio público o a la afectación de intereses patrimoniales de naturaleza pública, se haya generado por explotación o apropiación de bienes o recursos públicos en beneficio de terceros.



De la misma manera, la norma habilita la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar su monetización y administración.



Adicionalmente, la Ley plantea desarrollar programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, así como fortalecer proyectos educativos institucionales en los colegios.



Se crea, además, el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos, entre otras acciones.



Esta Ley se logró, gracias al trabajo coordinado por la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, con participación de 25 entidades del Estado y que nació en el seno de la Comisión Nacional de Moralización.

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