El juez prorroga el caso Iberdrola y pregunta si procede imputar a la matriz de la eléctrica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha prorrogado seis meses la instrucción de la pieza del caso Villarejo en la que se investigan las supuestas operaciones de espionaje que Iberdrola encargó al comisario. En un extenso auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado explica que, tras la reciente ronda de declaraciones, incluida la del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, deben practicarse nuevas diligencias. También apunta a la posible implicación de Iberdrola S.A, que por ahora no se encuentra investigada como persona jurídica. Con este auto, la matriz pierde su condición de querellante y queda al borde de la imputación.

En uno de los apartados del escrito, el instructor se refiere a la responsabilidad penal que pudiera tener la matriz del grupo, Iberdrola S.A, por la ineficacia de los mecanismos internos de cumplimiento. Los sistemas de control de la compañía no impidieron la contratación del policía a través de una presunta trama de facturas falsas, y uno de los supuestos espiados, el empresario Florentino Pérez, ha solicitado la imputación de la matriz. Tras revisar su escrito, el juez da ahora traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si debe atender su petición. En el procedimiento se encuentra ya imputada como persona jurídica Iberdrola Renovables, filial al 100% de la eléctrica.

Florentino Pérez reclama la imputación de la matriz para la mejor salvaguarda de sus derechos procesales a la vista de los indicios existentes. El presidente de ACS defiende la máxima responsabilidad de la compañía en unos hechos que le afectan de forma directa, pues constan indicios de que Iberdrola recurrió a los servicios de espionaje del comisario jubilado en 2009 para impedir que tomara el control de la empresa durante la guerra comercial que mantenía con la misma. Pereza sostiene que esa responsabilidad va mucho más allá de Iberdrola Renovables y apunta a que la contratación dependió de una decisión a nivel grupo y no solo de la filial.

La decisión queda a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía, pero por el momento, el magistrado acuerda revocar a Iberdrola su condición de querellante y aplaza la declaración como testigo de una de las encargadas de cumplimiento normativo. En cuanto al resto de diligencias reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción, el listado es extenso: además de destacar que Unidad de Asuntos Internos sigue examinando la ingente documentación que fue intervenida en los diferentes registros domiciliarios practicados, los fiscales solicitan que se practiquen una veintena de testificales y ampliaciones de informes policiales, lo que augura un largo recorrido al procedimiento.

Imputa al ex número dos de Seguridad

En el auto, el juez cita además como imputado a Enrique Victorero, ex director del área internacional y encargado de la seguridad de la docena de países donde está la eléctrica. Como adelantó El Confidencial en enero de 2021, Victorero se acogió al plan de prejubilaciones al alcanzar los 58 años después de que fuese interrogado internamente para saber si conocía las presuntas irregularidades en los encargos al comisario de policía. Llevaba dos décadas en la compañía eléctrica.

Consta en las actuaciones que Enrique Victorero era el responsable del área corporativa de seguridad en el extranjero del Grupo Iberdrola al tiempo al que se contraen los hechos investigados, explica el auto. Visto que Enrique Victorero no ha sido todavía citado, procede acceder a la declaración interesada al reputarse necesario para que pueda esclarecer hechos con relevancia jurídico penal en los que podría haber participado, debiendo procederse a su citación como investigado.

Entre los hechos por los que será interrogado, el magistrado destaca que su firma figura en algunas de las facturas que se tramitaron con suspuestos conceptos falsos para ocultar los pagos a Villarejo. Entre ellas, una de 2012 de 29.500 euros con IVA y el concepto “servicios de apoyo logístico y seguridad a personal en Rumanía”. La sospecha de los investigadores se centra en que este pago respondería al denominado proyecto Wind, en el que se contrató a Villarejo para la investigación de la sociedad suiza Eólica Dogrogea y su accionista mayoritario Cristopher Kaap, con quienes habían surgido diversos conflictos en la ejecución de una serie de proyectos en Rumanía.

Interesa el fiscal la práctica de su declaración a los efectos de averiguar si, atendido su cargo, pudiera haber conocido que todos los conceptos referidos a servicios de seguridad prestado en el exterior en la factura referida y otras pudieran ser inexactas, explica el magistrado antes de atender la petición del Ministerio Público.

El instructor también cita como testigo al comisario jubilado Enrique García Castaño para que aclare su posible participación en los hechos, e incluye un guiño al testigo clave del caso, el exdirectivo José Antonio del Olmo, quien denunció mediante un informe interno la presunta trama de facturas falsas. Frente a las acusaciones vertidas por parte de Iberdrola contra él, acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal para que puedan alegar sobre su posible inclusión en una serie de medidas de protección.

Ronda de testificales

Más allá de García Castaño, el magistrado acuerda citar como testigo a diversas personas relacionadas con las operaciones de Villarejo. Entre ellos, Antonio Holguín y Francisco Javier García, fundadores de la extinta Castellana de Seguridad (Casesa), una de las supuestas empresas pantalla utilizadas para contratar al comisario.

La ronda de testificales también tratará de aclarar una operación que se remonta a 2004, cuando Iberdrola pidió a Villarejo que se infiltrara en el movimiento de oposición política y vecinal a su central térmica de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz). La eléctrica dio los primeros pasos para ponerla en marcha en el 2000, pero cuatro años después, se topó con el rechazo al proyecto de numerosas organizaciones ecologistas, del Gobierno local y del Ejecutivo andaluz, ambos del PSOE. García-Castellón cita ahora a la exalcaldesa de Arcos de la Frontera, Josefa Caro Gamaza, a una exconcejal de IU, Arantxa Azcúnaga, y al ecologista Manuel Gómez Laguna.