Autor: Jordi González del Pino, Senior Director en FTI Consulting
Las estrategias net zero que están impulsando los países de Europa, orientadas a descarbonizar sus economías y alcanzar las cero emisiones, podrían tener como una contrapartida la generación de nuevas modalidades de fraude. Por poner un ejemplo, en Reino Unido se estima que el 8,7% (más de 5.000 millones de libras) de los 60.000 millones de libras destinados por el gobierno a lo que se conoce como Coronavirus Job Retention Scheme (the furlough scheme, ayudas para la protección del empleo durante la pandemia) se perdieron por fraudes y errores.
¿Eran inevitables estas pérdidas, dada la urgencia de la situación? Quizás. Sin embargo, puede resultar alarmante que un país pierda fondos públicos a esta escala a causa de una falta de mecanismos de control en la implementación de planes que incluyan inversiones importantes. Un ejemplo de ello pueden ser las estrategias medioambientales. Los riesgos derivados del green fraud existen y pueden abarcar desde la duplicación de solicitudes de subvenciones hasta la falsificación de credenciales ESG para obtener financiación.
Para comprender la magnitud de este problema y extraer algunas lecciones, hay estudios que ya arrojan luz sobre el peligro potencial del fraude ecológico en base a experiencias recientes. Se describen riesgos específicos para los sectores público y privado y recomiendan algunas acciones preventivas conjuntas, que pueden contribuir a evitar que el fraude verde se convierta en un riesgo inherente a la implementación de medidas medioambientales.
La pregunta es: ¿cuánto de este dinero podría perderse debido a eco-fraudes? Según algunas estimaciones recientes, en el Reino Unido se perdería al menos el 5% de la inversión necesaria para neutralizar las emisiones del país, en total, 70.000 millones de libras al año hasta 2050. Por lo tanto, las pérdidas anuales podrían ascender a los 3.500 millones de libras. Si extrapoláramos este escenario al caso español y aplicáramos el mismo porcentaje a la inversión estimada por el PNIEC, el impacto del potencial fraude resultaría en alrededor de 12.000 millones de euros hasta 2030. Un duro golpe para contribuyentes y empresas. Y una cantidad que, en la situación actual, podría invertirse en el apoyo a los servicios sanitarios, el cumplimiento de los objetivos ambientales o el fortalecimiento de las defensas contra el fraude.
El fraude ecológico puede tener muchas caras. A menudo, tiene que ver con la obtención de subvenciones luego utilizadas para fines ilegítimos, o con la duplicación de las solicitudes para recibir este tipo de fondos. También existen credenciales ESG fraudulentas, que las empresas utilizan para atraer a inversores y clientes, o para obtener financiación del Estado. Por supuesto, también se han producido ciberfraudes relacionados con el robo de datos personales y la suplantación de la identidad de los usuarios digitales, que después se emplean para crear empresas ficticias o abrir cuentas bancarias en las que recibir los fondos malversados.
Aunque los gobiernos ya están dando los primeros pasos hacia estrategias preventivas, los sectores público y privado deberán colaborar estrechamente para evitar el green fraud, del mismo modo que ha ocurrido con la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Por ello, este nuevo desafío implicará a una gama más amplia de partes interesadas, que deberán compartir recursos, habilidades y conocimientos: reguladores, gobiernos locales, organismos responsables del orden público, firmas de abogados, consultoras, bancos y compañías de redes sociales, entre otros.
Hasta que esta colaboración ocurra, hemos identificado tres acciones clave para estar preparados y proteger eficazmente las inversiones verdes. En primer lugar, la creación de un marco de prevención que incluya una evaluación de los riesgos potenciales, el diseño de políticas y protocolos y mecanismos de due diligence. En segundo lugar, un correcto análisis de los datos obtenidos es fundamental, a través de un sistema sólido de reporting y de la monitorización a través de tecnologías como la inteligencia artificial. Y, por último, la ideación de mecanismos de recuperación para que, cuando se produzca un fraude, exista una red de seguridad y sea posible tomar medidas para recuperar los fondos.
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