Los partidos políticos en España y compliance: ¿La herramienta definitiva para una regeneración democrática?

Autor: Carlos Cambrón Murillo, responsable del área de certificación de personas 

1.     Consideraciones generales

Hemos podido comprobar a lo largo de los tiempos cómo los partidos políticos (al menos en el supuesto de aquéllos carentes de integridad) se han alzado en el poder y han utilizado el poder público para el beneficio personal, cerrando (como diría Rafael Jiménez Asensio) el círculo de la patrimonialización del poder[1].

No es de sorprender que encontremos casos de corrupción encubiertos deliberadamente para el beneficio del partido; políticos trabajando a comisión; sobornos; adjudicaciones de contratos para eliminar la competencia e impedirla de sus derechos privados, al tiempo de encarecer los precios de obra, e incluso, delitos electorales.  

El informe de Evaluación de España Quinta Ronda de Evaluación. Prevención de la corrupción y promoción de la identidad de los Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adoptado por el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) en la 83ª sesión plenaria en Estrasburgo, a fecha de 17 al 21 de junio de 2019[2]: “La corrupción es una cuestión de gran actualidad en España, La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es baja y, durante el quinquenio anterior,  la corrupción se sitúa persistentemente como una de las preocupaciones más apremiantes para la sociedad, solo superada por el desempleo”. De este informe se desprende precisamente la ausencia de acción del Estado y de las autoridades competentes frente a esta problemática que puede tambalear la calidad democrática, y de ahí, el descontento de la sociedad civil. Para más inri, el informe Índice de Percepción de la Corrupción 2021, realizado por Transparencia Internacional, indica que España obtiene 61 puntos (pierdes dos puntos) sobre 100, quedando así en el puesto 35 de 180 países en percepción del nivel de corrupción en el sector público[3].

2.     Compliance y partidos políticos

La doctrina experta en Derecho Penal ha descrito los partidos políticos como entes de un ambiguo estatus, que se resisten a tener un control tanto judicial como administrativo[4]. Asimismo, su carácter asociativo privado le garantiza un menor control sobre los mismos, favoreciéndoles su relación privilegiada con el Poder legislativo y la Administración, excluyéndoles de cualquier control público efectivo (salvo el del Tribunal de Cuentas)[5], y otorgándoles un exclusivo sistema de subvención pública[6] y de exenciones fiscales. He aquí la evidencia de la comisión de delitos que atenten contra los intereses generales[7]. No obstante, el mayor obstáculo a la corrupción política es la separación de poderes, ya que el poder judicial resulta el más independiente y eficaz[8].

Afirma el magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 4 de Móstoles Pablo Ruz, que el deterioro de la función pública se ha producido “por la tradicional colonización de la Administración por parte de los partidos políticos que transitoriamente ocupan el poder, y que mucho tiene que ver con el deficiente funcionamiento en nuestro país de los mecanismos administrativos de control previo”[9]. Es aquí donde entran los programas de Compliance, como conjunto de procedimientos, políticas, protocolos y controles idóneos y eficaces, destinados a constituir una cultura de cumplimiento normativo y ético en la organización. Sobre los partidos políticos, en un principio, estaban excluidos de responder por las disposiciones de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y así lo recogió el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, nº1/2014, de 16 de enero[10], haciendo especial mención a la vigencia de la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, que, como bien indica su preámbulo, “se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política”. Nuestra ley de partidos políticos estipula que han de “adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal”[11] (artículo 9 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, reformada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos)[12]. El preámbulo de dicha Ley Orgánica establece que es una obligación[13] los sistemas de prevención, y que “los partidos políticos son actores esenciales de la vida pública, económica y social. Como cauce de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, son sujetos de derechos. Como partícipes en la estructura del propio Estado, han de ser y son sujetos de obligaciones. Por ello, junto a la responsabilidad, debe ser la ejemplaridad la que presida las actuaciones de estos entes que sustentan la centralidad social de la democracia”.

En el contexto español, han existido casos de corrupción, independientemente del color político en toda la historia del país (Caso Gürtel, Caso Bárcenas, Caso Villarejo, Caso Pujol, Caso 3%, ERES de Andalucía, Caso Filesa, Caso Pokémon, Caso Roldán, Caso Pretoria, Caso Mercuri, Caso Máster y un larguísimo etcétera). La praxis evidencia la falta de modelos de prevención penal, pero también la falta de una democratización orgánica interna (un elemento sustantivado en el artículo 6 de la Constitución Española) que conlleva el desmoronamiento de la democracia, pilar básico de una soberanía nacional representada por el pluralismo político.

¿Qué puede significar esto? que la existencia de una democracia interna implique que sus integrantes asuman responsabilidades en el mantenimiento del partido mediante el respeto de los derechos políticos y el estableciendo de sistemas de control, viniendo a significar esto último los planes de prevención penal.

Es de interés remarcar en este sentido las declaraciones del líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien declaró hace cosa de un año, que se procedería a la creación de un departamento de Compliance, encargado de desempeñar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como también un canal de denuncias con todas las garantías. La falla de esta declaración es que las formaciones políticas ya estaban obligadas a contar con un plan de prevención de delitos desde el año 2015 (como ya mencioné citando el artículo 9 bis). Estas eventuales declaraciones pueden hacer dudar de la garantía de cumplimiento, pues es un elemento esencial de su eficacia y robustez el compromiso del más alto/a responsable del órgano (tone from the top), que, sin embargo, se ha ido dejando en una presunta suerte de procrastinación.

Sobre toda la actividad que corresponde a la identificación, análisis y evaluación de riesgos, ¿sobre qué delitos de mayor frecuencia de comisión por la actividad inherente puede ser condenado un partido político? Leon Alapont, señala los siguientes:[14]

• Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático (artículo 197 y ss. del Código Penal)
• Estafas (artículos 248 y ss. del Código Penal)
• Frustración de la ejecución (artículos 257 y ss. del Código Penal)
• Insolvencias punibles (artículos 259 y ss. del Código Penal)
• Daños informáticos (artículos 264 y s. del Código Penal)[15]
• Contra la propiedad intelectual e industrial (artículos 270 y ss. del Código Penal
• Blanqueo de capitales (artículos 301 y ss. del Código Penal
• Financiación ilegal de los partidos políticos (artículo 304 bis del Código Penal)
• Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (artículos 305 y ss. del Código Penal)
• Cohecho (artículos 419 y ss. del Código Penal)
• Tráfico de influencias (artículos 428 y ss. del Código Penal)
• Malversación de fondos públicos (artículos 432 y ss. del Código Penal)
• Delitos de odio y enaltecimiento (artículos 510 y ss. del Código Penal)
• Delitos de terrorismo (artículos 573 y ss. del Código Penal)

La complementariedad de la idea de democracia interna de los partidos con la prevención de delitos viene acompañada de otro elemento imprescindible, por el que los partidos deben apostar radicalmente, la transparencia y rendición de cuentas, regulados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno[16]. Esta Ley somete a los partidos políticos y configura un bloque de Buen Gobierno, basado en la transparencia en la gestión de asuntos públicos, en la dedicación al servicio público, en el principio de imparcialidad, en la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, en la conducta digna hacia los ciudadanos, y en la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias[17]. Esta configuración tiene la pretensión de un fortalecimiento de la cultura del compromiso por los valores y principios de una gestión transparente.

3.     Caso de estudio. Gürtel.

En España, encontramos largas causas de la crónica judicial, la más reciente el “Caso Gürtel”[18]. La trama consistió en una red de empresas[19] que obtenían contratos en todas las administraciones que estaban gobernadas por el Partido Popular (en adelante, PP) en el territorio español. Los contratos se obtenían sobornando a los cargos públicos encargados de adjudicar los mismos. Dichos sobornos, sirvieron además para financiar actos de campaña electoral y otras gestiones del PP, según concluyó la Audiencia Nacional (en adelante, AN) en su sentencia nº20/2018, de 17 de mayo[20].  Los hechos surgieron en 2007 por la denuncia de un ex – concejal del PP del municipio de Majadahonda (Madrid) sobre los hechos ocurridos ante la Fiscalía. De ahí que se abrieron diversas causas, centrándose en el presunto delito de financiación irregular de la formación política[21].

Nueve años después, se celebró el juicio, y el 25 de mayo de 2018, la AN dio a conocer su sentencia, en el que se condenaban a 29 personas, y concluía que entre las empresas de Francisco Correa y el PP “se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública”[22]. A nivel de partido, Luis Bárcenas, como extesorero del PP, fue condenado a 33 años de cárcel y a 44 millones de euros de multa, y su mujer, Rosalía Iglesias a 15 años. El PP, por otro lado, fue condenado como partícipe a título lucrativo[23], bajo multa de 245.000 euros[24]. No todo quedó ahí, pues aún quedaron procesos abiertos vinculados a la trama, como es el caso de los “papeles de Bárcenas”, en el que, según el Auto del Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid, de 26 de julio de 2016, revela el propio extesorero la existencia de una contabilidad paralela del partido[25]. El propio Bárcenas aportó un libro de anotaciones que incluían pagos en dinero negro a miembros de la formación.

Esta trama de corrupción, la más grave en la democracia española, provocó que a nivel político se ejecutará el mecanismo constitucional de la moción de censura por parte del líder de la oposición y actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como resultado, Mariano Rajoy fue destituido como Presidente del Gobierno del Partido Popular (en adelante, PP) el 1 de junio de 2018, a raíz de la implicación del partido en la causa.

Con posterioridad a los hechos, el PP decidió presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Éste último confirmó en sentencia firme de 14 de octubre de 2020 la resolución de la AN, aunque incluyó algunos pequeños cambios en las penas de prisión.  Como es de ver, nos encontramos ante un supuesto que afecta tanto la dimensión de la gestión pública como privada del PP y, por ende, la democracia en términos de derechos políticos y transparencia.

4.     Conclusión

La presión ciudadana frente a los partidos políticos, como consecuencia de los casos de corrupción, implica asumir, por parte de los partidos políticos, que el Compliance ha venido para quedarse, y que la reputación va a ser la consecuencia última. El caso Gürtel, como cualquier otro escándalo de corrupción es un motivo para cumplir normativa y éticamente, porque son razones más que evidentes que se precisa de una transformación de la cultura orgánica de las formaciones políticas, que pasa porque las personas que la conforman transformen. Compliance no es algo que se diseña y se guarda en el cajón, porque la conducta ética, como “forja del carácter” (en términos de la filósofa española Adela Cortina)[26] para la toma de buenas elecciones, es lo que hace que funcione más allá del papel.

Si no hay un compromiso de ejemplaridad (de palabra y obra), si no se parte de la idea “de que hay cosas que no están bien y no se deben hacer”[27] y continúan los escándalos, el daño a los valores democráticos estará hecho. Como expresa Jiménez Asensio “es importante para quien ejerce un cargo o un empleo públicos actuar éticamente o de forma íntegra, pues en ello está en juego su propia reputación personal, mucho más lo es para la institución a la que representa o en la que desarrolla su actividad profesional; pues rota la imagen institucional por una actuación (personal) incorrecta o corrupta, restablecer la confianza en las instituciones es algo muy complejo y laborioso en el tiempo. El daño a la reputación personal (falta de probidad o corrupción) tendrá, en su caso, su sanción penal o administrativa, pero el perjuicio institucional será probablemente irreparable”[28]. En conclusión, cuando se logra compartir unas mismas convicciones, se genera la confianza. No obstante, en estos momentos, las instituciones políticas no producen tal cosa[29].