El exdirector de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, José Antonio del Olmo, ha solicitado al magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que se le aplique la Directiva de protección de informantes de corrupción, para protegerse frente a las posibles represalias de la sociedad eléctrica, que preside Ignacio Sánchez Galán, quien permanece como imputado.
La Directiva, convertida ya en Anteproyecto de Ley, próximamente formará parte del marco legislativo español. Tenía que haber sido transpuesta el 17 de diciembre de 2021, por lo que hoy en aplicable.
Las represalias a las que se refiere Del Olmo serían las acciones legales –penales, laborales y mercantiles– que Iberdrola ha emprendido contra su persona o en distintos juzgados.
El excontroller buscaba la intervención del magistrado para que suspendiera los diferentes procedimientos judiciales, alegando prejudicialidad penal y la preferencia de la Audiencia Nacional en esta investigación.
El magistrado García-Castellón no se ha pronunciado sobre la petición del excontroller. Quiere escuchar antes lo que tenga que decir Del Olmo, en línea con la línea expresada por el Ministerio Fiscal.
A las 11 de la mañana del próximo 18 de abril, Del Olmo tiene la posibilidad de convencer al magistrado. Porque le ha citado para esa hora en ese día en una providencia.
Como es preceptivo, García-Castellón preguntó a las partes que se pronunciaran sobre tal petición, teniendo en cuenta que los presuntos encargos efectuados a Villarejo (…) podrían tener incidencia en materia de competencia, y por tanto, pudieran encuadrarse tangencialmente en un ámbito propio del derecho de la Unión Europea.
Para la defensa de Del Olmo, no cabe duda de que la eléctrica está acosando a su antiguo ejecutivo por un informe que elaboró en diciembre de 2004 donde reflejaría presuntas irregularidades en relación con los trabajos de CENYT.
Esta pieza es la número 17 de la macrocausa Tándem, en la que se investigan los encargos ilícitos que Iberdrola habría realizado al CENYT, el grupo empresarial propiedad del comisario jubilado, José Manuel Villarejo.
Por ello, Villarejo se habría embolsado más de un millón de euros, según las facturas afloradas en la instrucción.
Uno de los principales frentes legales entre Iberdrola y su excontroller es la querella que la eléctrica presentó en 2020 en los juzgados bilbaínos contra Del Olmo por un supuesto delito de falsedad documental, donde alega que el citado informe es falso.
La Sala también emplazó al juez a determinar la relevancia de dicho informe, a lo cual respondió que el documento en cuestión resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos, apuntando que podrá ser sometido a contradicción en esta fase de procesal, a través de las diligencias que se consideren oportunas para acreditar los extremos a los que se refiere, y en su caso, si se llega a juicio oral, deberá ser objeto de prueba en el plenario.
En este pulso legal, destaca asimismo la sentencia dictada por un juzgado mercantil de Bilbao en 2021 que condena a Del Olmo por la obtención y difusión de facturas del gigante de la energía.
García Castellón también señala en su providencia que las testificales de María José Sanz y Dolores Herrera son con carácter previo a la resolución sobre la solicitud de imputación de la compañía Iberdrola, que vienen pidiendo desde hace tiempo algunas partes, entre ellas el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez.
En relación con estas dos testigos, el juez sigue igualmente la estela de los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas, que en el referido escrito indican que antes de informar acerca de la eventual imputación del gigante energético es preciso oír a las dos responsables de Compliance.
Por otra parte, García-Castellón ha decidido mantener imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos encargos ilícitos a Villarejo.
Al tiempo, ha decretado el archivo de la causa para tres ex directivos de la empresa eléctrica –Rafael Orbegozo, Fernando Becker y Francisco Martínez Córcoles– al considerar que no hay indicios de su participación en los hechos.
Respecto a Sánchez Galán, el instructor ha desestimado su petición de sobreseimiento porque, aunque afirma no hay ningún documento que acredite que Villarejo fue contratado por orden suya o que evidencie de forma inequívoca que supiera que era comisario en activo.
Hay indicios de los que puede desprenderse (…) que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir de José Ignacio Sánchez Galán, y que este fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo CENYT, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos, dice en su auto.
En cambio, el juez sí ha accedido a lo solicitado por los otros tres, acordando el archivo para el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker, el ex consejero-director general de Negocios Francisco Martínez Córcoles y el ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
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