Cinco de las ocho empresas que han recibido más dinero de la Unión Europea para investigación en armamento se han visto salpicadas por casos de corrupción. Algunas acusaciones se remontan a hace 20 años, otras son recientes. De esas ocho compañías, siete exportan habitualmente armas a dictaduras o países donde se vulneran los derechos humanos, en contra de lo que determina la normativa europea. Representantes de estas empresas, sin embargo, han jugado un papel clave para influir en la Comisión Europea a la hora de crear un fondo europeo de defensa y repartir el dinero de Bruselas.

Esta es una de las principales conclusiones del análisis de los primeros 600 millones de euros de fondos comunitarios destinados a investigación en armamento entre 2017 y 2020 realizado por las entidades ENAAT (Red Europea contra el Comercio de Armas) y TNI (Transnational Institute) y cuyos resultados se han publicado este miércoles. España, Alemania, Francia e Italia han sido los principales beneficiados y sus empresas han recibido casi el 70% de estos fondos comunitarios. 

Los 600 millones invertidos hasta la fecha suponen una pequeña parte del dinero que la UE pretende destinar a investigación en armamento durante los próximos años. Corresponden a dos planes piloto –Preparatory Action for Defence Research (PADR) y European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)– que suponen la antesala del Fondo de Defensa Europeo, que destinará unos 8.000 millones de euros en investigación armamentística entre 2021 y 2027.

La intención de la UE es no quedarse atrás en la carrera armamentística mundial y fomentar la investigación en material bélico, principalmente para mejorar el armamento existente e integrar recursos como la inteligencia artificial y los sistemas no tripulados o autónomos. 

El análisis de esta inversión inicial de la UE señala que el dinero se repartió en unas pocas empresas que realizaron una intensa actividad de lobby en Bruselas. Las entidades que han elaborado el informe denuncian “conflicto de intereses” y un caso de posibles puertas giratorias a la hora de repartir los fondos comunitarios: de los 16 miembros que formaban el grupo asesor para la creación de un presupuesto de defensa europeo, nueve de ellos están directamente relacionados con la industria armamentística. 

Según este estudio, la propuesta que acabó realizando la Comisión Europea para crear el Fondo de Defensa Europeo contenía párrafos copiados directamente del informe que realizó en 2016 este grupo de expertos, en el que se encontraban altos cargos de grandes empresas de armamento como Airbus, Indra o Leonardo. Las empresas que participaron en este comité asesor han acabado obteniendo más del 30% del dinero que se ha invertido hasta la fecha.

Cinco de las ocho empresas que más dinero han recibido, además, se han visto salpicadas por casos de corrupción, la mayoría de ellos relacionados con el pago de sobornos a cargos políticos de distintos países para lograr contratos de armamento. Es el caso de la italiana Leonardo, las francesas Safran y Thales, la sueca Saab y Airbus, cuya sede principal está en los Países Bajos aunque dispone de filiales en distintos países europeos, España incluido.

Las mencionadas compañías han sido acusadas de pagar sobornos a cargos públicos en diversos países donde han vendido sus productos. La mayoría de estos casos se han acabado saldando con acuerdos judiciales en los que las empresas han pagado grandes sumas de dinero para evitar condenas penales. Si bien algunos casos son de principios de los 2000 o finales de los 90, otros son tan recientes como 2020 y algunas de las investigaciones y procesos judiciales están todavía abiertos, como el que afecta a Airbus en Austria por el presunto pago de sobornos.

La mayoría de las compañías beneficiadas, siempre según el informe, tampoco cumplen con la Posición Común europea de exportación de armamento, que impide vender material bélico a países inmersos en conflictos armados o donde se llevan a cabo vulneraciones de los derechos humanos. Esto se ha efectuado con la aquiescencia de los principales Estados miembro de la UE, que han autorizado durante los últimos años exportaciones a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turkmenistán o Egipto, entre otros.

“Que la UE financie empresas implicadas en negocios controvertidos de armas, productores o que se han visto salpicados por corrupción plantea serias dudas sobre los procedimientos comunitarios de aprobación de las subvenciones”, señala Alexandra Smidman, una de las investigadoras que ha participado en la elaboración del estudio. 

Falta de transparencia y compliance

El estudio también se centra en la falta de transparencia de algunos de los proyectos en los que se ha invertido dinero público bajo el precepto de la confidencialidad, un argumento que permite tanto a empresas como a Estados miembro no revelar en qué se está destinando el dinero de la UE.

No hay datos disponibles sobre los participantes en cinco de los 18 proyectos subvencionados por el PADR, uno de los fondos europeos mencionados. Respecto al otro fondo comunitario, el EDIDP, de los 44 proyectos financiados hay 26 de los que tampoco se conocen los participantes ni datos relevantes. El estudio solo se ha podido hacer sobre los 29 proyectos restantes, cuyo dinero invertido no llega ni al 49% del total de subvenciones.

La mayoría de estos proyectos de investigación armamentística están relacionados con lo que se conoce como “herramientas disruptivas”, que incluyen el uso de armamento altamente automatizado y la utilización de inteligencia artificial en material bélico. Algunos de estos productos en los que se está invirtiendo dinero, una vez desplegados sobre el terreno, podrían llevar a cabo violaciones tanto de leyes europeas como internacionales.

“No hay una evaluación detallada del cumplimiento de los proyectos con las normas internacionales”, ha señalado el defensor del pueblo europeo sobre los proyectos de investigación y desarrollo en lo que se han invertido estos primeros 600 millones de euros provenientes de Bruselas. “No está claro hasta qué punto este armamento inteligente sabe distinguir de manera precisa un civil de un combatiente en una situación de conflicto”, añade el documento.

El mayor problema, señala el estudio, es que el procedimiento de evaluación de riesgos legales y éticos se basa principalmente en las autoevaluaciones que las grandes empresas privadas se realizan a ellas mismas a la hora de pedir el dinero de la UE. De esta manera, las responsabilidades que el derecho internacional humanitario confiere a los Estados se trasladan a empresas privadas que tienen un claro interés en lograr las subvenciones públicas. 

“Esto supone, de facto, una desregulación de uno de los fondos más mortíferos de Bruselas”, concluye el profesor de la Universidad Autónoma Joaquín Rodríguez, que también ha participado en la elaboración del informe.