El Capítulo Colombia de la World Compliance Association presenta su 1r Congreso Nacional Anticorrupción, que tendrá lugar el día 12 de mayo en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Colombia (Bogotá). El evento, que también podrá seguirse en streaming, reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento que, por su experiencia en la lucha contra el fenómeno de la corrupción, aportarán su visión en la consecución de un objetivo común: la protección del interés colectivo afectado por la corrupción. El resultado esperado de este congreso es la presentación de experiencias y fórmulas de acción que permitan a los sujetos implementar diversas medidas que permitan la consecución de los objetivos que trazan las normas vigentes en la país, así como reducir los tipos de corrupción que afectan al interés colectivo.
Aunque han sido diversas las políticas de Estado desarrolladas para enfrentarse a este flagelo, Colombia sigue ocupando, en los ránquines internacionales, posiciones que no permiten afirmar grandes saltos en torno a la precaución de la corrupción, al menos no en su percepción general. Entre las más recientes, se halla la Ley 2195 de 2022, auspiciada como una respuesta efectiva frente a la corrupción por impactar desde diversos flancos los factores del fenómeno. Entre otras medidas esperanzadoras, puede referenciarse la generalización de programas de transparencia y ética empresarial para las empresas, la reconversión de los planes anticorrupción exigibles para las entidades públicas bajo la arquitectura de los programas de transparencia y ética pública, la responsabilidad de personas jurídicas por la comisión de una serie diversa de ilícitos penales en su seno, o la generación de programas de largo alcance, como la creación de cátedras en ética para las instituciones educativas como mecanismo para fomentar culturas de legalidad.
Lo cierto es que la expedición de leyes y su correspondiente reglamentación constituye apenas el punto de partida para la realización efectiva de su cometido, pues su implementación material requiere de transformaciones culturales al interior de las organizaciones afectadas por la norma y en el mismo contexto social en el que aquellas se desempeñan. Consciente de tal realidad, el Capítulo Colombia ha preparado diversas mesas de debate y conferencias con el objeto de vislumbrar una serie de alternativas que permitan avanzar en la consolidación de los diversos mecanismos que incorpora la norma.
Para ello, se abordarán temas como las implicaciones de la Ley 2195 de 2022, la articulación interinstitucional o la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos, entre otros. La coordinadora pilar de Rentas y Drogas Ilícitas de UNODC, Sandra Agudelo Sarmiento, el viceministro de Promoción de Justicia de Colombia, Francisco José Chaux, y el ex viceministro de Justicia de Colombia, Farid Benavides Vanegas, son solo algunas de las personalidad que ocuparán las ponencias, así como representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Embajada de Austria y IACA, la World Compliance Association y diversas universidades.
Las inscripciones al evento ya están abiertas. La participación tiene un coste de 60 euros para la modalidad presencial y 50 euros para la modalidad streaming. Las personas asociadas a la World Compliance Association podrán beneficiarse de un 50% de descuento en ambas modalidades.
El congreso cuenta con la inestimable colaboración de instituciones comprometidas en la lucha contra este flagelo, como la Universidad Católica de Colombia, la Embajada de Austria y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).
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