La ley contra el fraude fiscal que prohíbe el uso de sistemas informáticos que manipulen la contabilidad sigue sin cumplirse. Así lo advierte la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (CONETIC) que alerta de que la ley entró en vigor en octubre de 2021 y que el sector aún espera una solución técnica para cumplir con los requisitos de la misma.

La ley pretende evitar el empleo del software de doble uso que provoca que miles de millones de euros no se declaren a Hacienda.

Según indican desde CONETIC, la normativa afecta tanto a los proveedores de software como a los propios usuarios. De hecho, recuerdan que llevan más de tres años reclamando un consenso sobre los requisitos técnicos que deben cumplir los programas informáticos.

Sin embargo, aseguran que aún no se ha definido la solución técnica, por lo que “no hay ningún sistema de facturación que pueda garantizar el cumplimiento de la Ley ni emitir certificación alguna hasta que las condiciones exigibles no queden debidamente reglamentadas”.

Solución unificada

El presidente de CONETIC, Tomás Castro, considera que se debería buscar una solución que permita cumplir lo estipulado en la ley. Esta solución, continúa, debería procurar que la aplicación de la normativa “tenga el menor impacto posible y, sobre todo, para que tanto las empresas usuarias como las del sector vean en esta medida una mejora competitiva para la digitalización y no tanto una obligación”.

De igual forma piensan otros empresarios, como el director de Semicrol, Vicente Alciturri, para quien la ley “no debe impactar en el funcionamiento real de las empresas en los procesos de emisión y recepción de las facturas por lo que debe buscarse la uniformidad en los formatos de la información a intercambiar”.

Entre las soluciones que plantean se encuentra el empleo del sistema VERIFACTU para verificar las facturas. Castro explica que este sistema garantiza que no se puedan alterar los registros y ayuda a las pymes a digitalizarse en el área de facturación. Entre los beneficios de este sistema destaca el poder aportar a Hacienda la información en tiempo real. Al vendedor le ayudaría a reducir los plazos de morosidad y a cumplir con el periodo de pago. Asimismo, el comprador podría verificar que el IVA cobrado se ha declarado, mientras que el usuario o proveedor del servicio disfrutaría de una mayor simplicidad a la hora de implantar el sistema.