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La WCA se suma al pronunciamiento del Consejo de Participación de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana relativo a la política de protección a los denunciantes de corrupción

La World Compliance Association, miembro del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifaude, se suma al pronunciamiento que se ha hecho público en relación con la política de protección a los denunciantes de corrupción, aprobado por los miembros del grupo. 

En el mismo, reclaman una actuación de Estado dirigida a proteger a las personas denunciantes, facilitar cauces seguros de denuncia, a garantizar la fiscalización de la actividad pública, la transparencia y la gobernanza; e instan a los órganos del Poder Judicial a reclamar formación especializada en materia de corrupción, para que hagan prevalecer la protección del denunciante.

La WCA participa con una vocalía en el Consejo, que se reúne periódicamente y que está formado por organizaciones de carácter cívico y social que trabajan contra el fraude y la corrupción y tienen entre sus fines la transparencia de la actividad pública, el buen gobierno y la defensa de los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

COMUNICADO

La defensa de lo público, la educación en los valores democráticos y la promoción de la ética como presupuesto de la acción pública deben implantarse en cualquier actuación de gobierno.

La lucha contra la corrupción requiere un cambio de percepción general de la figura del alertador y el motor de dicho cambio deben ser las instituciones públicas y los tribunales de justicia.

Tras años de escándalos de corrupción que han afectado a la credibilidad de instituciones básicas para el sostenimiento del Estado de Derecho, puede afirmarse que España no progresa adecuadamente en la lucha contra la corrupción.

Nos encontramos en un momento de estancamiento muy peligroso pues la corrupción socaba la salud de nuestra democracia, erosionando la confianza ciudadana en instituciones esenciales que están llamadas a garantizar la credibilidad del Estado, la legitimidad de la acción política y la fortaleza de un poder judicial independiente y justo. No es ajena a esta situación de agotamiento democrático el auge de la partitocracia en todos los órdenes públicos y la polarización política. La promoción de la desigualdad y la debilidad en la aplicación de lo que es justo a lo largo de la historia de la humanidad ha dado como resultado crisis civilizatorias de consecuencias nefastas.

La ausencia de una voluntad política sincera, real y eficaz que dirija la actuación legislativa, ejecutiva y judicial a la erradicación de prácticas corruptas que dañan los cimientos del Estado de Derecho es el núcleo del problema. Esta ausencia afecta de forma transversal a instituciones, partidos y organismos llamados a defender el Principio de legalidad y el Estado de Derecho. La corrupción es un mecanismo nocivo que erosiona la confianza social en las instituciones del Estado.

No hay un diagnóstico certero sobre el alto nivel de enraizamiento de la corrupción en las instituciones democráticas, ni se ha enfrentado con seriedad el alto nivel permisivo que, como sociedad, tenemos ante las prácticas corruptas. Nos encontramos ante un problema que se manifiesta como un déficit democrático estructural que tiene su raíz en la cultura de la impunidad, la tradición del sometimiento al poder y la debilidad en los cimientos de una sociedad sana y crítica. Debemos enfrentar un nuevo modelo de concienciación colectiva que desde el ciudadano ascienda a las instituciones impregnando todas y cada una de las ramas del Estado.

El riesgo de una convivencia normalizada con las prácticas corruptas se agrava por la ineficacia de los órganos llamados a controlar y fiscalizar la gestión pública y la deficiente existencia de mecanismos de lucha contra la corrupción. Ante esta situación, la transposición de la Directiva Europea (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, es la primera exigencia de las asociaciones y colectivos que nos encontramos en la primera línea de la batalla contra el abuso de poder y la corrupción. Ningún gobierno estará definitivamente legitimado si obvia el desarrollo y aprobación de la normativa necesaria para aplicar íntegramente una Directiva Europea de obligado cumplimiento que enfrenta directamente el problema de la corrupción y establece mecanismos que facilitan la lucha contra esta lacra.

Es necesaria una concienciación general de la figura del alertador como primera víctima de las tramas de corrupción y garante de la defensa de lo público. La protección al denunciante de corrupción, la promoción de su ejemplo y su lucha deben ir paralelas a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937. Ningún país que aspire a profundizar en su calidad democrática puede permitir el maltrato institucional que sufren las personas que, en un ejercicio responsable de ciudadanía, alertan sobre prácticas corruptas. Estas personas son ciudadanos ejemplares y como tal deben ser tratados, acompañados y protegidos hasta el momento en que su labor deje de ser heroica y la corrupción se convierta en la excepción.

Reclamamos la promoción institucional de la defensa de lo público y del interés general, que deben ser eje de toda actuación pública. Exigimos que se pongan todos los medios necesarios para promocionar una cultura de defensa de lo público y del interés general, pues la cultura y la educación son los cimientos de una civilización con capacidad crítica y posibilidad de defensa frente a la corrupción. El denunciante de corrupción ejerce su ciudadanía con ejemplaridad y madurez, estos valores deben ser priorizados en la implementación de las medidas de transparencia, buen gobierno y prevención de la corrupción.

Reclamamos el respeto a la labor encomiable de las Agencias Antifraude, su autonomía y su independencia. Solicitamos la creación de las agencias en las comunidades que no han desarrollado mecanismos de control y fiscalización. La salud democrática está en juego, los órganos judiciales deben tomar conciencia y hacer prevalecer la Tutela Judicial Efectiva que asiste a los denunciantes que, en este momento, son la primera víctima de la corrupción junto con el Estado de Derecho.

Exigimos una actuación de Estado dirigida a proteger a las personas denunciantes, facilitar cauces seguros de denuncia, a garantizar la fiscalización de la actividad pública, la transparencia y la gobernanza. Instamos a los órganos del Poder Judicial a reclamar formación especializada en materia de corrupción, para que hagan prevalecer, en la interpretación y aplicación de las normas, la protección del denunciante y del interés público en los delitos que dañan directamente la credibilidad y el normal funcionamiento de la democracia.

 

 

 

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