Albert Comellas (Madrid, 1970) no tenía muchas opciones. Cuando en febrero de 2017 se negó a financiar ilegalmente el PDeCAT, los miembros del comité local del partido en Esplugues de Llobregat (Barcelona) le pusieron sobre la mesa tres posibilidades: acceder a sus pretensiones; no aceptar y ser expulsado del partido; o renunciar a ser cuarto teniente de alcalde y a ocupar varias concejalías en el Ayuntamiento de Esplugues y convertirse en concejal no adscrito, según cuenta a este diario.
Al final, Comellas renunció a sus cargos en el consistorio y denunció a los siete integrantes del comité local. En realidad, las opciones eran dos: denunciar o no hacerlo y convertirme en encubridor de un delito, dice Comellas, que recuerda que es imperativo legal para los funcionarios y cargos electos denunciar la corrupción.
Han pasado más de cinco años y este alertador de corrupción habla en la entrevista con Público con seguridad y hasta con cierta satisfacción porque fue pionero en denunciar la desprotección jurídica de los cargos electos ante la presión de las estructuras de los partidos cuando sus maquinarias les piden cometer irregularidades en beneficio propio.
Los siete miembros del PDeCAT de Esplugues de Llobregat denunciados están siendo juzgados en este momento por presunta propuesta de malversación de caudales públicos y presuntas amenazas y coacciones.
Albert Comellas, que se instaló en Esplugues en 1999 tras unos años trabajando en Noruega como ingeniero naval, era militante de la antigua Convergència i Unió (CiU) antes de convertirse en PDeCAT. Fue cargo electo en el consistorio espluguense en las legislaturas de 2011 y 2015.
El comité ejecutivo local me pidió tener acceso a la cuenta corriente que contiene el dinero que destina el Ayuntamiento para los gastos del grupo municipal con el objetivo de desviarlos para los futuros gastos electorales del PDeCAT, cuenta a este diario. Está prohibido que los partidos accedan al presupuesto municipal para otros gastos que no sean propios del funcionamiento del grupo municipal.
El dinero es público. Los grupos municipales tienen que rendir cuentas directamente al interventor del Ayuntamiento y se tiene que justificar, a finales de año, en qué se ha gastado el dinero. No se puede emplear para fines electorales, explica Comellas.
Según su denuncia, los dirigentes locales del PDeCAT le pidieron también otra ilegalidad: contratar a un becario de comunicación del partido como asesor municipal de industria, con el fin de que fuera el Ayuntamiento el que corriera con los gastos y no el partido.
El entonces cuarto teniente de alcalde se negó porque las dos propuestas atentaban contra el Código de Buen Gobierno y Transparencia del Ayuntamiento de Esplugues y del propio partido. Su oposición a unas prácticas corruptas no sólo le costó su carrera política y su expulsión del partido; también una larga batalla judicial. Pero quizá el caso siente jurisprudencia y algo se habrá conseguido, como es demostrar que es un delito que los partidos presionen a sus cargos electos para cometer este tipo de ilegalidades.
Comellas denunció la situación tanto ante los órganos internos del partido como ante el consistorio, gobernado en aquella época por un pacto de coalición entre el PSC y PDeCAT. En concreto, se dirigió a la dirección comarcal del partido, a la Defensora del Asociado del PDeCAT, a la dirección regional del PDeCAT, a la alcaldesa de Esplugues y al secretario del ayuntamiento.
Este expolítico presentó finalmente una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción e informó a la Oficina Antifrau de Catalunya. Se queja de la inacción del Ayuntamiento de Esplugues. Hubiera necesitado que hubieran funcionado correctamente los mecanismos municipales para evitar las malas prácticas. Al final, el denunciante se encuentra completamente solo, clama.
Explica Comellas que la Defensora del Asociado del PDeCAT me remitió un informe con los testimonios de algunos querellados negando los hechos denunciados y en el que ella proponía elevarlo también a la Comisión de Ética, Transparencia y Calidad democrática del partido para proseguir el caso. Le pedí volver a encontrarnos para incluir alegaciones de parte a su informe pero no me dio fecha. Más adelante dimitió.
Finalmente, el 13 de enero de 2018 Albert Comellas fue expulsado del partido. Ocurrió en el último consell nacional de Artur Mas como presidente del PDeCAT. Aquel día se desestimó el recurso de Comellas, sin ni siquiera debatirlo y una vez que la querella por coacciones, amenazas y propuesta de malversación ya había sido admitida a trámite.
El juicio civil por su expulsión del PDeCAT se ha suspendido a la espera del resultado del juicio penal que se está celebrando en la actualidad.
Albert Comellas se despidió de la política por precisamente cumplir con uno de sus deberes inherentes: velar por el interés público. Sufrió un quebranto económico y profesional. Dimití voluntariamente como cuarto teniente de alcalde para presentar la querella criminal, por lo que dejé de percibir unos ingresos derivados de esa tarea, cuenta.
No obstante, no se sintió solo, ya que contó con el apoyo de la asesora jurídica laboral de ESADE Alumni (donde estudió) y de un profesor de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona, según explica.
Comellas espera que la futura ley de protección a los alertadores de corrupción considere que denunciar las malas prácticas, la corrupción, es un deber ciudadano. Basándose en su experiencia iniciada en 2017, aconseja a los futuros alertadores que soliciten asesoramiento a la Policía, a un asesor laboral y un abogado. Hay que denunciar siempre para proteger la propia vida profesional, concluye.
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22 de Abril
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