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Corrientes: comienza el juicio por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como un banco sin autorización

Interviene el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC

FUENTE: FISCALES.ORG.AR

Son cinco personas que deberán responder como coautoras del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. Se encuentran acusados de canalizar a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, fondos millonarios obtenidos de manera ilegal a través del delito de intermediación financiera no autorizada.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzó esta mañana el juicio por el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad a Mario Argentino y Lisandro Boschetti, dos integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis, y a Adolfo Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Ramón Contrera, acusados de operar desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios.

Los hombres y la mujer están acusados y acusada de canalizar a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, fondos millonarios obtenidos de manera ilegal, a través de operaciones financieras no autorizadas. Por este motivo, además deben responder como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada, precedente al de lavado de activos. El imputado también por estos hechos César Octavio Gelmi falleció durante el proceso.

En el debate interviene el fiscal general Carlos Schaefer junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Laura Roteta y Diego Velasco. La instrucción de la causa estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, Flavio Ferrini.

El caso

De acuerdo a la investigación, al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 Pyramis se desempeñó como una entidad financiera bajo la apariencia jurídica de una cooperativa, a través de la cual los imputados habrían desarrollado una operatoria que consistía en la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias.

De este modo -a través de un accionar ajeno a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)-, habrían obtenido alrededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizado más de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados. Asimismo, la cooperativa recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero.

Según la acusación, los imputados introdujeron en el mercado formal el provecho económico de la intermediación financiera no autorizada. Para ello habrían utilizado maniobras de diversa naturaleza vinculadas, principalmente, con la actividad inmobiliaria, la construcción y la compraventa de automotores y motocicletas de alta gama, con el objetivo de dar a los fondos obtenidos ilícitamente una apariencia legal. En cuanto a los vehículos, se identificaron al menos 25 de marcas tales como BMW, Ferrari, Porsche, Audi y Mercedes Benz, entre otras.

La pesquisa puso en evidencia los vínculos económicos que la cooperativa mantenía con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible. Se logró establecer así el modus operandi mediante el cual la entidad recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero.



 

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