A partir de ahora, la OLAF podrá acceder al Índice Único Informatizado Notarial y al de Personas con Responsabilidad Pública, donde se encuentran los políticos.
El Consejo General del Notariado de España acaba de firmar un acuerdo con la OLAF (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), que consiste en un convenio en materia de colaboración e investigación contra el fraude, corrupción y blanqueo de capitales. Gracias a este acuerdo, los funcionarios de la OLAF podrán acceder a la información del Índice Único Informatizado Notarial y a las bases de datos de Titular Real y de Personas con Responsabilidad Pública.
Se trata de dos grandes bases, entre las que se encuentran identificadas hasta 25.000 personas con responsabilidad pública por elección o por designación -políticos-, además de otras 25.000 más, que son familiares y personas vinculadas a ellos, bien a través de un nexo profesional o mercantil. También se añaden a la base 4.031 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública.
Desde hace tres días -y mientras queda pendiente que la Comisión Europea se pronuncie sobre el requerimiento hecho por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que la semana pasada solicitó por carta que se investigue el caso Mediador o trama de Tito Berni-, los funcionarios de la OLAF ya pueden acceder a la plataforma del Consejo General de Notarios de España, y conocer de primera mano las investigaciones del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del CNG.
En cualquier caso, todas las solicitudes de información y datos que pida la OLAF, a partir de ahora, siempre estarán relacionadas con todas las actuaciones desarrolladas por la OLAF dentro de sus competencias.
Una propuesta de los notarios a la OLAF
Fue hace dos años y medio -explica a THE OBJECTIVE, Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de capitales del Notariado-, cuando el Consejo General del Notariado se puso en contacto con la OLAF y le ofreció el acceso a sus bases de datos, algo que ya ocurre con todo tipo de organismos. A partir de ahora, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en la UE y fuera de nuestras fronteras podrá entrar en la plataforma con firma electrónica y segurizada, de modo que solo un número concreto y determinando de funcionarios tiene acceso a estas bases de documentación. Unas bases de datos que consultan jueces, CNMV, Fiscalía, Policía, y en definitiva, organismos que tienen capacidad de inspección.
Hay que remontarse a hace 21 años para trazar el origen de este mecanismo, cuando los notarios españoles deciden dejar todo grabado en una amplia base de datos, motivados por la Dirección General del Tesoro, que les comenta que podría ser interesante para la persecución del blanqueo de capitales. A partir de ahí, lo que los notarios venían haciendo internamente se abre al uso externo. Por supuesto, con los requerimientos legales pertinentes. Y es así como nacen dos bases de documentación con 2,5 millones de personas jurídicas identificadas.
Con el trabajo de 2.800 notarios surge la Base de Datos de Titularidad Real, donde se incluye información de sociedades limitadas, sociedades anónimas, partidos políticos, sociedades civiles o comunidades de bienes (con manifestaciones).
Mapa accionarial del CGN
Eso sí, se trata de una documentación con valor añadido, ya que el CGN ofrece mapas accionariales completos. Es decir, que más allá de la obligación de recoger información del titular real (aquellos que tienen más del 25% de las acciones), también se recogen datos de las sociedades limitadas con cada unas de las participaciones, por tanto, sin necesidad de que sean los titulares reales; es decir, todos los accionistas sin tener en cuenta su volumen de acciones.
Una información -detalla García Fresno, autor del libro Analiza que no es poco, trabajo técnico donde se desarrolla la detección del blanqueo de dinero- «que resulta muy válida» para perseguir delitos económicos y en la lucha contra la corrupción por parte de las instituciones.
La segunda base de los notarios españoles es la Base de Personas Públicas, conocida internacionalmente como Base de Personas Expuestas Políticamente, y que responde a una directiva europea que exige vigilar con especial cuidado a los políticos, tanto nacionales como internacionales (información trascendental para notarios, abogados, bancos e inmobiliarias).
Hay una directiva europea que exige vigilar con especial cuidado a los políticos
Fue en ese momento cuando el CGN se dio cuenta de que en nuestro país no existía ese tipo de listados para conocer a los políticos españoles, políticos que tienen nombres comunes y que bien se pueden confundir con cualquier otro ciudadano.
En la actualidad, la BDBRP (base de datos de personas con personalidad pública) tiene identificadas hasta 25.000 personas con responsabilidad pública por elección y por designación; y otros 25.000, más aproximadamente de personas allegadas (familiares y personas con vinculación con estos políticos), así como, 4.031 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública).
Cabe destacar que cualquier movimiento de quien acceda a la plataforma -con certificado previo del servicio de notarios, los estándares de seguridad y la normativa de protección de datos- queda automáticamente grabado.
Fuente: blanqueodecapitales.com
Link: https://blanqueodecapitales.com/los-notarios-espanoles-entregan-a-la-oficina-antifraude-de-la-ue-datos-de-25-000-politicos/
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