Suiza devolverá USD 8,5 millones a Perú en caso de decomiso sin condena que sienta precedente

Ha tomado casi 20 años, pero una decisión de la Corte Suprema Federal de Suiza ha allanado el camino para la devolución de alrededor de USD 8,5 millones en activos obtenidos de manera corrupta a Perú. El dinero a devolver forma parte de un complejo de casos vinculados a Vladimiro Montesinos, jefe de Inteligencia del expresidente Alberto Fujimori.

Es un caso altamente simbólico tanto para Suiza como para Perú y sienta un importante precedente para el uso de leyes de decomiso sin condena para recuperar activos ilícitos. Dichas leyes permiten la confiscación de estos bienes sin una condena penal del acusado.

El caso muestra dos cosas:

• Primero, que el decomiso sin condena es una herramienta innovadora y prometedora en la lucha contra la corrupción. Hace posible llegar a los “intocables”, o al menos al dinero que han robado, incluso cuando el sistema de justicia penal no logra condenar a una persona por cualquier motivo. La aplicación exitosa de esta herramienta legal en Perú ya ha inspirado a otros profesionales de la recuperación de activos mucho más allá de Perú o incluso de América Latina.
• En segundo lugar, que muestra los méritos de los estados (en este caso, Suiza) al estar abiertos a nuevos mecanismos de recuperación de activos para poder ofrecer ayuda en el contexto de la cooperación judicial internacional. Otros grandes centros financieros pueden tomar nota. Como promovemos regularmente en foros de políticas y entre nuestros gobiernos socios, todos los estados deben cumplir con sus compromisos internacionales para brindar la mayor cooperación internacional posible en la recuperación de activos.

El Instituto de Basilea ha estado apoyando a las autoridades peruanas desde 2012 en casos emblemáticos de recuperación de activos a través del desarrollo de capacidades y tutorías prácticas. Felicitamos a las autoridades de Perú y Suiza, y agradecemos a los principales donantes de nuestro Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) y la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza por apoyar nuestra asistencia técnica en el país.

Múltiples apelaciones de un hombre que huyó de la acusación

A pesar de la cantidad de dinero relativamente pequeña, al menos en comparación con la cantidad robada a través de la corrupción, fue un caso desafiante, dice Oscar Solórzano, quien dirige los esfuerzos de recuperación de activos del Instituto de Basilea en América Latina.

Los fiscales peruanos que trabajan con Solórzano pudieron probar ante los tribunales que los USD 8,5 millones procedían de contratos corruptos para la compra de aviones de combate sobrevalorados de Bielorrusia durante el gobierno de Fujimori en Perú. El beneficiario efectivo de la cuenta bancaria era el empresario germano-israelí Moshe Rothschild Chassin, cómplice de Montesinos. Huyó a Israel para evadir el enjuiciamiento y, a pesar de estar sujeto a una notificación roja de Interpol, sigue libre.

En 2021, luego de que los tribunales de Perú emitieran la orden de decomiso, las autoridades judiciales enviaron una solicitud de asistencia legal mutua a las autoridades suizas para ejecutar la orden de decomiso y devolver el dinero.

Oscar Solórzano explicó que Moshe impugnó la orden de confiscación en las tres etapas de apelación en Suiza: en la Oficina del Fiscal General en Zúrich, en el Tribunal Penal Federal en Bellinzona y en el Tribunal Supremo Federal en Lausana.

“Los jueces suizos acordaron primero con sus homólogos peruanos que, a través de una investigación financiera detallada, Perú había probado con éxito que la cuenta bancaria en Zúrich constituía ganancias del delito. En segundo lugar, rechazaron las apelaciones, señalando que el procedimiento de decomiso sin condena en Perú se había llevado a cabo de conformidad con todos los estándares y derechos legales aplicables”.

Potencial sin explotar de las leyes de decomiso sin condena

La orden de decomiso peruana se basó en su ley de Extinción de dominio, una forma de ley de decomiso sin condena que prevalece bastante en América Latina. A veces conocido como decomiso civil, este tipo de ley permite la confiscación de bienes vinculados a la corrupción u otros delitos, incluso si el perpetrador no puede ser procesado.

Este fue el caso de Moshé. Como cómplice en lugar de servidor público, Moshe nunca puede ser procesado por cargos penales de colusión y soborno. Tampoco será extraditado de Israel. En consecuencia, el juez peruano Eduardo Torres dijo:

“La autonomía del procedimiento de Extinción de dominio del proceso penal fue clave para su uso en este caso”.

El estándar de prueba en las leyes de decomiso sin condena es civil (equilibrio de probabilidades) en lugar de penal (más allá de toda duda razonable). Existen varios mecanismos judiciales para garantizar que los derechos de la persona se respeten plenamente durante todo el proceso.

Su ley de Extinción de dominio es una de las razones por las que Perú se ha convertido en un modelo a seguir positivo en la región en términos de recuperación de activos. En una reciente convención de jueces organizada por el equipo del Instituto de Basilea en Lima, el titular del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo Vela, destacó que la ley ya había permitido la recuperación de alrededor de USD 64 millones en activos ilícitos, con muchos más casos en trámite.

El juez Torres agregó:

    “El caso también es importante para la justicia peruana en su conjunto. El hecho de que se devuelva dinero malversado del erario peruano demuestra que estamos cumpliendo con los tratados internacionales. Y le estamos enviando un mensaje a los corruptos: si hacen un mal uso de la administración pública y robar dinero peruano, en última instancia no se lucran con ello”.

Cooperación internacional

Otro impulso a los esfuerzos de recuperación de activos de Perú ha sido la mejora de la cooperación internacional con centros financieros como Suiza.

La cooperación internacional es un desafío constante para los países que buscan recuperar activos corruptos, como explicó en esta entrevista el Fiscal Especializado Hamilton Castro, y es un elemento central de la asistencia técnica de ICAR en Perú y otros países socios. En demasiados casos, los estados que albergan activos ilícitos no cooperarán en casos en los que no tengan un mecanismo equivalente de recuperación de activos.

Si bien Suiza no tiene una ley de decomiso sin condena comparable (autónoma), ha mostrado su voluntad de evaluar la ley de Perú de acuerdo con sus propios principios legales y ofrecer asistencia cuando sea posible.

El juez Torres dijo:

    “La cooperación internacional fue un factor decisivo tanto para lograr la orden de decomiso como para ejecutarla. La decisión de Suiza abre el camino para que otros países realicen procedimientos similares, siguiendo el ejemplo de Perú y manteniendo los derechos de la parte afectada durante todo el proceso”.

¿Que sigue?

Los fondos se transferirán a Perú y se utilizarán de la manera acordada entre las dos jurisdicciones involucradas. Más de USD 25 millones confiscados previamente por Perú en este complejo de casos fueron devueltos en virtud de un acuerdo trilateral en 2020 entre Suiza, Luxemburgo y Perú que prevé el uso de fondos para fortalecer los sistemas judiciales y de aplicación de la ley del país.

Cuando se le preguntó qué podemos sacar adelante de este y otros casos relacionados, Oscar Solórzano dice:

    “Las autoridades judiciales de Perú no solo han adquirido conocimiento y confianza en la aplicación de esta ley y la ejecución de órdenes de decomiso a nivel internacional. También vemos fiscales y jueces en otros países latinoamericanos empoderados por el ejemplo positivo establecido por Suiza y Perú.

    En el Instituto de Basilea, promovemos globalmente mecanismos de recuperación de activos que sean efectivos, pero también proporcionados y respetuosos de los derechos humanos. Creemos que estos son los ingredientes para hacer de estas leyes verdaderas herramientas legales globales en la lucha contra la corrupción y otras formas de delincuencia”.

El juez Torres expresó su esperanza de que:

    "...seguiremos recuperando grandes cantidades de dinero en casos transnacionales, con la colaboración de todas las entidades involucradas en el proceso de recuperación y en particular con la colaboración del Instituto de Gobernanza de Basilea. Por ejemplo, la asistencia de Oscar Solórzano en el rastreo del el dinero a través de varias transacciones hasta su destino final fue clave para desbloquear el caso en primer lugar".

Fuente: baselgovernance.org

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