La Declaración de Barcelona denuncia la falta de una estrategia nacional contra la corrupción

Las agencias antifraude reclaman medios suficientes para hacer su trabajo y un marco legal que no constriña su actividad.

A raíz del XIII encuentro de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude se ha hecho pública la Declaración de Barcelona, que subraya la necesidad de fortalecer a los organismos de prevención y lucha contra la corrupción en materia de protección de las personas informantes. La falta de una estrategia nacional contra la corrupción, que viene reflejada en las disposiciones finales de la ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, es uno de los peligros que alertan estas entidades.

La Declaración de Barcelona denuncia la supresión y debilitamiento de diversas estructuras e instancias de lucha contra la corrupción a nivel local y autonómico. Entre líneas se puede leer el mensaje que se lanza al Gobierno Balear del PP que ha decidido cerrar la Oficina Anticorrupción, operativa hace siete años tras plantear una proposición de ley con carácter urgente el pasado 9 de octubre.

En dicha declaración se indica que eliminar estructuras como las Oficinas y Agencias Anticorrupción debilita el Estado de Derecho y es contrario al deber derivado del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, consistente en construir instituciones sólidas que refuercen el estado de Derecho y la Justicia.

También recuerda que es contrario a los compromisos establecidos por la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que obligan a los poderes públicos a crearlos o, en su caso, reforzarlos dotándolos de recursos y medios suficientes que garanticen su eficiente funcionamiento, independencia e imparcialidad.

Los miembros de la Red que han suscrito la Declaración son la Oficina Antifraude de Catalunya, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra y la Oficina Andaluza Antifraude. A título individual también han firmado la declaración la Rosa M. Sánchez, y Simón Rego Vilar.

Una entidad incómoda para el poder

Tòfol Milàn, director de la Oficina Anticorrupción de Baleares, es consciente de que el cierre de esta entidad se aproxima. “El propio vicepresidente del Parlament ha dado tres argumentos de poca consistencia. En primer lugar, habla de una duplicidad de competencias con la Fiscalía y las auditorias existentes. Al mismo tiempo, habla del coste desmesurado de dicha Oficina, sobre el millón y medio anual”.

Respecto a esta cuestión, Milàn indica que “ese coste de 1,5 millones son la inversión en lucha y prevención; dos euros de cada 10.000 del presupuesto de la Comunidad Balear que son 7.100 millones de euros. Y dicen que es un coste desmesurado. Otro argumento que rechazamos es que nos acusan de ser una oficina política del anterior gobierno en el poder”.

“Hay que darse cuenta de que el cargo de presidente es elegido por el Parlamento por cinco años. Nuestra gestión empezó a finales de mayo de 2022. Estamos pendientes de una proposición de ley aprobada el pasado 9 de octubre con carácter urgente presentada por el PP en el Parlament, donde se habla del cierre de la oficina para volver a la legislación de 1996 en cuanto a las declaraciones patrimoniales de cargos públicos”.

Al mismo tiempo, destaca que “la proposición de ley vuelve a una regulación antigua que no funcionó si la comparamos con la ley actual 26/2016, que aprobó el funcionamiento de nuestra entidad. Las diferencias son notables. En dicha proposición de ley no se habla de prevención, investigación y lucha contra la corrupción. Tampoco se habla de presentar denuncias por parte de los ciudadanos ni de la protección del denunciante. Lo que no está es lo que no quieren realmente”.

Desde su punto de vista, “dicha proposición sólo habla de la presentación de las declaraciones de cargos públicos, no hace nada más. Nosotros tenemos la competencia única en España de la recepción y la supervisión de las declaraciones patrimoniales y de rentas de esos cargos públicos, que son cerca de 1.200. Las anonimizamos y las publicamos en el portal de transparencia nuestro. Eso va a desaparecer en el futuro”.

Sobre la ley 2/2023, “está centrada en recoger denuncias sobre temas laborales respecto a temas administrativos o penales graves o muy graves, pero nuestra ley la 16/2016, de 9 de diciembre, permite presentar cualquier tipo de denuncia de cualquier materia que se conozca de cualquier manera. Esa ley estatal tiene menos alcance que las autonómicas. Si se suprime esta oficina y no está en marcha la Autoridad Independiente crea un vacío importante”.

Para Milàn, “la actividad de estas oficinas, muy cercanas al ciudadano, permite trabajar más y mejor este tipo de asuntos y llegar al fondo del mismo que si se lleva desde la Administración Central. Aquí en Baleares hay bastantes asuntos de corrupción. La ley que regula esta entidad es del 2016, pero la oficina se puso en marcha en el 2018 y realmente la actividad la empezó en junio del 2019 al tener personal a su cargo. Realmente que arrancase también tuvo problemas porque este tipo de oficinas son incomodas para el poder”.

Falta la Autoridad Independiente estatal

Para Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, en estos momentos, como no existe la Autoridad Independiente, las oficinas, que ya veníamos haciendo muchas de esas funciones que debería hacer ésta, las seguimos haciendo. El Parlament, en una disposición nacional, nos atribuyó las competencias sancionadoras hasta que se desarrolle la estatal. Somos la única institución que tiene las mismas competencias o casi las mismas que la nacional”.

“En nuestro caso estamos trabajando en la protección de los denunciantes. La ley 2/2023 no desarrolla una estrategia nacional anticorrupción. La directiva de trasposición sólo tiene sentido si se enmarca en lo que es la lucha contra la corrupción”, comenta.

Esta entidad supervisa los canales internos de las 23.000 empresas privadas e instituciones públicas de Cataluña. El 1 de diciembre las empresas con menos de 250 tendrían que tener ese canal. “Nosotros tenemos capacidad de sancionar hasta con multas de un millón de euros por este tipo de carencias del canal interno de denuncias”, apunta.

Para este experto, “es importante que las instituciones y entidades privadas tengan un estándar de calidad. Obviamente, en el interés general de un Estado participan todos. De hecho, estuvimos en la delegación de la UE en Madrid y nos citaron para la primera reunión para que diéramos nuestra opinión, junto con entidades de la sociedad civil encabezados por Manuel Villoria. Ahora hay un borrador de directiva de lucha contra la corrupción que se está preparando. Lo importante es el marco legal que debe definir este tipo de asuntos”.

En esa estrategia nacional es clave la protección global del denunciante porque revela hechos que afectan al interés general. “Hay que hacerlo desde un punto de vista utilitarista y deontológico. El denunciante ejercita su libertad de expresión. Al Estado le interesa que mejore toda esta situación y que el concepto de buen gobierno funcione”, señala.

Para Gimeno, “tenemos que ser neutrales. Nuestra única política es la anticorrupción. Cada Parlamento tiene su política. No lo hemos dicho de forma expresa porque el Parlamento balear es soberano, pero es un retroceso cerrar baleares porque va contra la legislación, igual ha pasado con la Agencia Metropolitana de Barcelona. Nadie entiende por qué se quieren eliminar este tipo de autoridades cuando en Europa se postula por que funcionen y estén operativas”.

Falta una estrategia global

Por su parte, Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, afirma que “la situación de Baleares no debe generar un efecto dominó en otras entidades del sector. No debemos entrar en el tema más de lo que se ha dicho. Por ley debemos ser imparciales y políticamente neutrales. Sin embargo, sería bueno que reflexionasen antes del cierre, y si han detectado que hay cuestiones que no funcionan que hagan los cambios razonables para su mejor funcionamiento”.

Para este experto “estamos a la espera del desarrollo de la ley 2/2023, que sigue sin implementarse. El 1 de diciembre finaliza el plazo en el que los ayuntamientos y administraciones sean del tamaño que sean deberían tener su sistema interno de denuncias. Hay muchos que no lo van a tener. En nuestro caso, hemos suscrito un centenar de protocolos y acuerdos con las comunidades autónomas que han creado su sistema interno y la conexión con la agencia para el externo.

Llinares explica que “el Ministerio nos ha remitido un expediente de una persona para que tenga nuestro Estatuto de Protección, al no haber Autoridad Independiente y estamos finalizando los trámites. El retraso que se ve es notable pese a que en nuestro caso damos formación, facilitamos el software, reuniones con sus técnicos. De los 542 ayuntamientos que hay en nuestra comunidad, poco más de un centenar tienen estos canales internos”.

Desde su punto de vista, “es un problema que el 1 de diciembre no tengamos esa Autoridad Independiente. Por los plazos que se manejan va a ser complicado que se llegue a tenerla esa fecha. Va a ser un problema en los territorios donde no hay agencias antifraude como la nuestra. Estamos hablando de más de media España. Ahora, gracias a la ley 2/2023, ejercemos de Autoridad Independiente en nuestro territorio especifico. Somos su sistema externo que debe estar reflejado en su pagina web”.

Linares coincide con otros expertos que falta esa estrategia nacional contra la corrupción como la que tiene Italia o Francia o la mayoría de los países. “Lo vengo repitiendo en los seis años y medio que ejerzo como director en Valencia. De ahí que cuando se aprobaron los Fondos Next Generation, la UE obligó a España que muchas administraciones tuvieran sus planes antifraude. Nosotros hicimos las guías para que hiciera esos mapas antifraude que convertimos en mapas de integridad que son mucho más amplios. Sin esa estrategia nacional, hay algunas administraciones que indican que, si el Estado no cumple, por qué tiene que hacerlo dicha corporación”.

En su opinión, en estos momentos nos encontramos con que “territorios autonómicos como Valencia, Cataluña, Navarra, Andalucía y Baleares y ciudades como Madrid y Barcelona van por delante del Estado. Debería ser el Estado quien liderase dicha estrategia. Las políticas de integridad empiezan por arriba. Si la cúpula no tiene conciencia de que es importante y un Gobierno se construye sobre valores y principios de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, cómo se lo explicas a un alcalde con todos los problemas que tiene”.

Proteger mejor al denunciante

Para Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza Antifraude, esta declaración de intenciones deja claro que hay políticas que son mejores que otras y que no se deben iniciar procedimientos en los que se eliminen competencias y se aminore la actividad y los instrumentos de las entidades supervisoras, pero con carácter general. “Acabamos de firmar un convenio de colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude para coordinarnos y tener una posición común y global sobre la implementación de políticas activas de implementación del fraude”, afirma.

Desde su punto de vista, la legitimidad de estas instituciones arranca del 2003. “No debería ser opcional para ninguna administración, porque las instituciones internacionales abogan por el desarrollo de políticas proactivas en la creación de instrumentos que permiten a la sociedad tener un asidero en el que poder denunciar hechos e irregularidades, y que esos hechos se tramiten de forma plena y anónima”.

A su juicio, esta actividad debería ser algo interiorizado por todas las administraciones. “Se trata de que las agencias tengamos los medios y el marco normativo adecuado. En Andalucía puedo decir que están todos volcados con la iniciativa. No hay ningún tipo de cortapisa. Se ha asentado y no hemos tenido problemas de negociación presupuestaria. El Gobierno de la Junta de Andalucía impulsa la institución”.

Para este experto, “hay varios elementos que aún están sin resolver por la Administración del Estado y tampoco lo hace la directiva. El principal es la protección integral al denunciante, que en un gran caso de corrupción que acaba en los tribunales esa anonimización u opacidad para proteger al denunciante no llega hasta sus últimas consecuencias. Ante los tribunales tiene que identificarse y si lo hace como testigo o fuente de prueba se tiene que someter a la contradicción”.

Otra cuestión sin resolver es “la designación de la Autoridad Independiente, elemento clave para esta ley 2/2023, y que entre otras cosas gestiona el canal externo de la Administración pública, pero esperamos que cuando haya Gobierno esa Autoridad se designe. Será clave la coordinación entre dicha entidad y las Agencias Antifraude existentes en diferentes comunidades autónomas”.

Desde su punto de vista, “junto con esta actividad supervisora y punitiva de las agencias antifraude hay que hacer un esfuerzo importante en explicar a la sociedad lo que es la corrupción y los daños que genera. Hay que tener en cuenta que hay algunos tipos de corrupciones que no están identificadas por el gran público, aunque realmente lo son. Hay corrupciones políticas que no tienen una trascendencia patrimonial, pero hay una mecánica de fraude legislativo que genera corrupciones. Hay muchas formas y la sociedad no está muy sensibilizada ante todas ellas”.

Fuente: Economist & Jurist

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