Los dos agentes fiscales reportados como desaparecidos desde el fin de semana que eran parte de la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 fueron localizados el martes sanos y salvos, informó un funcionario federal.
Los peritos Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares fueron hallados con vida y están bajo resguardo de elementos de la Fiscalía General de la República, que los está trasladando hacia la capital mexicana, dijo a la AP un agente federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar del caso.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado dónde fueron encontrados los funcionarios, pero medios locales reportaron que fue en el estado sureño de Guerrero, que colinda con el de Morelos, donde desaparecieron.
Domínguez y Linares fueron reportados como desaparecidos por la Comisión de Búsqueda de Personas del estado central de Morelos, que desactivó el martes su ficha de búsqueda.
Las fiscalías de Morelos y Guerrero no han informado hasta el momento de la localización.
Más temprano, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la desaparición y detalló que los dos funcionarios participan en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014.
López Obrador descartó que el incidente pueda afectar al proceso para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, también en el estado de Guerrero. Indicó que espera que lo sucedido con los dos agentes no esté relacionado con las personas que no desean que se ubique a los jóvenes.
Durante su conferencia matutina el mandatario también informó la fuga de un policía señalado como presunto responsable de la reciente muerte de un joven, estudiante de esa escuela de Ayotzinapa, lo que desató el martes violentas protestas en la ciudad de Chilpancingo, al sur del país, que dejaron al menos cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad heridos y 11 vehículos incendiados frente a la Fiscalía estatal.
El caso Ayotzinapa ha estado envuelto en los últimos días en una polémica luego de la violenta protesta que realizó el pasado miércoles un grupo de manifestantes que derribó una puerta del palacio de gobierno para exigir a las autoridades celeridad en las investigaciones y que el mandatario reciba a los padres de los 43 estudiantes.
En los últimos meses los familiares y sus abogados han acusado al gobierno de López Obrador de no haber avanzado en la pesquisa a pesar de que se comprometió al inicio de su sexenio, en 2018, a que se localizaría a los jóvenes y se esclarecerían los hechos.
A casi nueve años y medio no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
Un día después del incidente en el palacio presidencial fue abatido por policías un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, la capital de Guerrero, lo que desató protestas en ese estado.
En medio de las tensiones generadas por la muerte del joven, López Obrador informó el martes que un policía que era investigado por la muerte del estudiante se fugó el lunes del lugar donde estaba detenido bajo arresto administrativo.
El mandatario dijo que ya se inició la búsqueda del policía y que se está realizando una investigación a fondo para determinar a los responsables de la fuga.
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