La lucha anticorrupción debe ser una prioridad y requiere reformas

Es importante fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos, afirma experto que participa, desde hoy, en un congreso internacional de cumplimiento.

09/09/2024 La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en la agenda política, económica y social del país, acción que requiere reformas institucionales y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos, afirmó el vicepresidente de la World Compliance Association-WCA Internacional (España), Iván Martínez López.

En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, el experto sostuvo que el impacto de la corrupción en el crecimiento económico de los países, incluido el Perú, ha sido devastador en los últimos años, y desafortunadamente continúa perpetuando patrones de estancamiento y desigualdad. 

Pérdidas 

“Según estimaciones oficiales, se calcula que entre el 5% y el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) se pierde anualmente como resultado directo de prácticas corruptas. Esto se traduce en una pérdida económica que, en los últimos cinco años, la Contraloría General estimó en cerca de 110,000 millones de soles, una cifra alarmante que subraya la magnitud del problema”, expresó. 

El especialista advirtió que más allá de los efectos inmediatos en las finanzas públicas, la corrupción afecta negativamente a casi todos los aspectos del desarrollo económico y social. 

“En primer lugar, incrementa significativamente los costos de las transacciones económicas, ya que la asignación de contratos públicos y los procesos de adquisición se ven distorsionados. Esto conduce a un uso ineficiente de los recursos estatales, en el que las obras y servicios se encarecen o resultan de menor calidad, impactando directamente en la infraestructura y los servicios que recibe la población”, precisó. 

Además, indicó, la corrupción socava la competitividad del país, pues desalienta tanto la inversión extranjera como la nacional, lo cual genera incertidumbre en los mercados y afecta la confianza de los actores económicos. 

“Organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, señalaron repetidamente que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible”, refirió. 

El vicepresidente de la WCA Internacional (España) alertó que este flagelo no solo ralentiza el crecimiento económico, sino que también incrementa las brechas de desigualdad al impedir que los recursos lleguen a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, alimenta la percepción de impunidad y desconfianza hacia las instituciones, lo que erosiona la cohesión social y la gobernabilidad democrática, señaló. 

En el Perú, dijo, la corrupción ha sido un factor estructural que limita la capacidad del Estado para implementar políticas públicas efectivas y para promover un desarrollo equitativo. “Sectores clave como la educación, la salud y la infraestructura han sido históricamente afectados, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión social”, anotó. 

“Es evidente que combatir la corrupción debe ser una prioridad en la agenda política, económica y social del país. Esto requiere no solo reformas institucionales y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sino también un cambio cultural en la forma en que se percibe y se enfrenta la corrupción”, aseveró. 

Martínez aseguró que solo “con un compromiso sostenido y acciones coordinadas entre el sector público, privado y la sociedad, se podrá mitigar su impacto y liberar el potencial de crecimiento y desarrollo que países como el Perú tienen”. 

Contrataciones 

En este contexto, mencionó que los sectores más afectados por la corrupción son, sin duda, los que dependen significativamente de la contratación pública, en la que la interacción con el Estado es clave para su funcionamiento. 

“Entre los más perjudicados se encuentran el de la infraestructura y las obras públicas, ya que la corrupción en la adjudicación de proyectos de construcción ha sido un problema recurrente. Este tipo de prácticas desvirtúan la competencia, encarecen las obras, retrasan su ejecución y, en muchos casos, resultan en proyectos de menor calidad, lo cual afecta directamente al desarrollo del país”, subrayó. 

Martínez mencionó que otro sector afectado es el de la salud. Los malos manejos en la adquisición de medicamentos, equipos médicos y la contratación de servicios esenciales perjudicó la atención sanitaria, lo cual no solo compromete la calidad del servicio que recibe la población, sino que además incrementa los costos para el Estado y reduce la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, acotó. 

Aunque el foco principal suele estar en la corrupción del sector público, en el sector privado también es un problema significativo, advirtió. “Prácticas como la colusión, el soborno y la evasión de impuestos dentro de empresas generan distorsiones en el mercado, lo cual perjudica a la competencia leal y, en última instancia, a los consumidores”, recalcó. 

“La corrupción penetró profundamente en sectores clave de la economía peruana, afectando negativamente tanto a los servicios esenciales como a la competitividad empresarial, lo que lleva a la urgente necesidad de fomentar una cultura de ética e integridad a todos los niveles, tanto en el ámbito público como en el privado, para fortalecer las bases del desarrollo sostenible en el país”, puntualizó.

Transparencia

 Iván Martínez consideró que es fundamental que el país fortalezca sus instituciones, refuerce los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y adopte políticas anticorrupción efectivas que garanticen un ambiente de negocios más predecible y confiable. 

“Solo de esta manera el Perú podrá generar las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera de manera sostenible y generar el crecimiento económico que tanto necesita”, afirmó. En este contexto, el experto manifestó que la corrupción tiene un impacto profundamente negativo en la inversión extranjera directa (IED) en el Perú y es un obstáculo significativo para atraer proyectos de inversión a largo plazo. 

“Los inversionistas extranjeros suelen evaluar factores como la estabilidad institucional, la transparencia y la seguridad jurídica antes de comprometerse en un país, y la corrupción genera incertidumbre en todos estos aspectos”, advirtió. La situación, dijo, es extremadamente perjudicial para el desarrollo social y económico del país, ya que las inversiones extranjeras de calidad suelen traer consigo transferencia de tecnología, creación de empleo y desarrollo de capacidades locales.

Fuente: https://elperuano.pe/

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