Un nuevo informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa alerta sobre el estancamiento en la calidad de la información sobre sostenibilidad de las compañías del IBEX 35 en 2023. En paralelo, advierte que la propuesta “Ómnibus” de la Comisión Europea podría debilitar aún más las exigencias normativas en materia de transparencia ambiental y social.
La sostenibilidad corporativa en España vuelve a quedar en entredicho. Según el último informe presentado este jueves 24 de abril por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las empresas del IBEX 35 han frenado su avance hacia una mayor transparencia. El estudio evalúa el nivel de detalle y veracidad de la información no financiera publicada por las empresas del IBEX 35, tomando como base un conjunto de 700 indicadores distribuidos en siete ámbitos clave: gobierno corporativo, integridad empresarial, fiscalidad responsable, derechos humanos, condiciones laborales, impacto ambiental y relación con clientes y consumidores. Además, dedica un apartado específico al análisis del cumplimiento de la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, a partir de 179 indicadores actualizados y seleccionados durante el ejercicio 2023.
La puntuación media obtenida en el análisis del ejercicio 2023 se sitúa en 44,39 sobre 100, un leve retroceso respecto al año anterior (45,40), que evidencia una preocupante falta de compromiso real con la rendición de cuentas. Este parón coincide con la incertidumbre provocada por la llamada propuesta “Ómnibus” de la Comisión Europea, una revisión legislativa que pone en jaque tres pilares clave del Pacto Verde Europeo: la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) y el Reglamento de Taxonomía.
El informe muestra que aunque áreas como derechos laborales (61,38 puntos), atención al cliente (59,59) y medio ambiente (47,50) encabezan el ranking, otras fundamentales como fiscalidad (29,79), derechos humanos (31,51) y lucha contra la corrupción (36,64) muestran déficits alarmantes. En buen gobierno, la puntuación media fue de 42,99, evidenciando que aún queda un largo camino por recorrer.
En el listado de empresas más transparentes destacan Endesa, Enagás, Iberdrola, Repsol y AENA, mientras que en la parte baja se sitúan ArcelorMittal, IAG, Amadeus, Logista y Solaria.
Además, el Observatorio advierte que la propuesta “Ómnibus” no solo complica el marco normativo actual, sino que amenaza con desmantelar años de avances legislativos construidos a través del consenso. Bajo el argumento de una supuesta “simplificación administrativa”, se pretenden modificar directivas ya transpuestas en la mayoría de los Estados miembro, generando desconcierto en las empresas, los inversores y la sociedad civil.
“Estamos en una situación de vacío normativo, en la que las empresas intentan cumplir con regulaciones que las instituciones europeas quieren cambiar antes de que siquiera entren plenamente en vigor”, advierte el informe.
El estudio destaca que, pese a los discursos públicos, los avances reales en derechos humanos son mínimos. Las empresas del IBEX 35 suelen limitarse a políticas formales sin traducirse en una gestión efectiva del riesgo. Solo 20 empresas informan sobre el proceso de identificación de riesgos y apenas 3 detallan objetivos específicos al respecto.
Además, la propuesta “Ómnibus” amenaza con debilitar este aspecto al centrarse únicamente en los proveedores directos, ignorando los eslabones más vulnerables de la cadena de suministro, donde suelen producirse las violaciones más graves.
En el ámbito del buen gobierno, se observa una ligera mejora en la existencia de canales de denuncia, con 27 empresas que ya los tienen activos y actualizados. También se destaca la implicación creciente de los consejos de administración en la gestión de riesgos no financieros.
En cambio, en lucha contra la corrupción, los progresos son escasos. Aunque hay más compromisos públicos, la gestión efectiva y la información sobre auditorías y controles siguen siendo vagas o inexistentes.
Por su parte, los derechos laborales son el área mejor valorada por segundo año consecutivo, gracias a referentes como la Ley 11/2018. No obstante, el informe apunta que la calidad de la información es desigual y que aspectos clave como la brecha salarial o el diálogo social continúan infrarrepresentados.
Pese a que la mayoría de las compañías informa sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y huella de carbono, sigue habiendo un importante déficit en áreas como biodiversidad, calidad del agua o emisiones atmosféricas.
El informe subraya que la escasa homogeneidad en las metodologías empleadas impide comparar datos de manera efectiva entre empresas. Y aunque se observan mejoras respecto a años anteriores, estas son leves y aún muy alejadas de los estándares que marcarán las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS).
El informe del Observatorio de RSC pone sobre la mesa un mensaje claro: es necesario fortalecer y proteger el marco normativo vigente si se quiere evitar una regresión en transparencia y sostenibilidad. En plena crisis climática y social, retroceder en estas exigencias no solo supone un paso atrás para Europa, sino también una pérdida de credibilidad para las propias empresas que dicen apostar por un futuro sostenible.
Fuente: https://diarioresponsable.com/
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