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19/06/2025

La lucha contra la corrupción fracasa en España: «Estamos anestesiados»

Sobre el papel, el Estado está blindado, pero la ley se debilita por incumplimientos, falta de medios y dependencia política

La arquitectura legal española en materia anticorrupción es extensa, pero su efectividad está cada vez más cuestionada por abogados y organismos europeos. «Tenemos normas, oficinas antifraude, códigos de conducta y canales de denuncia, pero el problema es que todo eso no siempre funciona», lamenta Alejandro Seoane Pedreira, abogado penalista. Su diagnóstico es claro: «El sistema destaca más por la regulación existente que por la eficacia en su aplicación práctica».

Los instrumentos existen. España dispone de marcos legales para prevenir y perseguir la corrupción: desde leyes sobre transparencia y financiación de partidos hasta la Fiscalía Anticorrupción, las agencias antifraude o el Tribunal de Cuentas. Pero, como advierte Seoane, «su eficacia se ve limitada por falta de recursos, competencias reducidas y, en algunos casos, cierta dependencia política en su estructura o funcionamiento».

Felipe García, socio de Círculo Legal y miembro de la junta directiva de la World Compliance Association, va más allá y denuncia una cultura de permisividad con el delito. «Estamos anestesiados. Hay tantos escándalos que cuando salta otro es uno más», afirma. «Pero hay que parar. Hay puntos de inflexión donde la sociedad debe exigir a los políticos que sean íntegros y transparentes».

Ambos juristas coinciden en que el marco legal es insuficiente si no se acompaña de una voluntad real de actuación. «La ciudadanía y los organismos internacionales coinciden en señalar que persisten problemas de eficacia, lentitud en los procesos judiciales y falta de transparencia real en algunos niveles de la administración», sostiene Seoane. García, por su parte, denuncia que «hay tráfico de influencias, compra de policías, destrucción de pruebas… eso es fraude procesal y cohecho».

Las deficiencias estructurales del sistema son aprovechadas por redes organizadas. «No puedes estar comprando favores de la Guardia Civil o de Aduanas como si nada. Hay operadores que juegan con esas reglas. Saben a quién venden y a pérdidas, solo para defraudar», asegura García en referencia a negocios opacos como los que existen en el sector de los hidrocarburos. Y añade: «La UCO lo ve y va a pinchar teléfonos.» «Tienen equipos de primer nivel trabajando día y noche», asegura, aunque duda que casos como el de la fontanera del PSOE Leire Díez tengan recorrido penal porque son complejos de demostrar en juicio.

La crítica alcanza también a las promesas incumplidas de crear organismos independientes. La Agencia Valenciana Antifraude, clave para supervisar el buen uso de los fondos públicos, ha sido «desmantelada» de facto, según García. «Y nos hemos cargado un órgano esencial», lamenta. En su lugar, destaca la reciente Autoridad Independiente de Protección del Informante, aunque advierte que “hay que ponerla en marcha ya con medios, independencia y plenos poderes. Manuel Villoria está nombrado, pero sin recursos es papel mojado».

Seoane recuerda que «erradicar por completo la corrupción es una utopía: el poder tiende a corromper». Para él, «los actos de corrupción los cometen personas, pero se ven favorecidas por controles débiles, falta de coordinación entre instituciones y una escasa rendición de cuentas». En este sentido, reclama reforzar «la trazabilidad del dinero público y la independencia judicial».

Los escándalos se suceden sin consecuencias claras. «El caso del 3% en Cataluña es paradigmático: sabías que había donaciones, pero ¿dónde estaban las adjudicaciones?», recuerda García. «Muchos constructores se libraron porque no se pudo probar el blanqueo ni las entregas, todo era en negro y con meses o incluso años de decalaje. El único que cayó, en Baleares, fue Jaume Matas, y porque adjudicó al día siguiente y entregaba bolsas de dinero a periodistas».

Ambos abogados concluyen con una advertencia: sin dotación real a los mecanismos de control, sin independencia y sin presión ciudadana, la corrupción seguirá teniendo espacio. «Necesitamos al menos 17 agencias antifraude autonómicas con competencias claras y control real sobre la contratación pública», afirma García. «Y sobre todo, valentía para actuar. Como decía Maquiavelo, los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio», remata Seoane.

Fuente: https://theobjective.com/

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