PSOE, una imputación casi segura por falta de controles efectivos

—por Felipe García, socio de Círculo Legal y miembro de la junta directiva de la World Compliance Association

La dimisión de Santos Cerdán, hasta ahora, número tres del PSOE y colaborador estrecho de Pedro Sánchez, tras ser citado en un atestado de la UCO, ha vuelto a poner sobre la mesa los límites de la responsabilidad penal de los partidos políticos, y, sobre todo, las consecuencias jurídicas que pueden derivarse cuando se desatiende el compliance en un partido político. El pasado día 12 de junio, Sánchez se defendía presumiendo con firmeza sobre el visto bueno del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de “su” PSOE, y elogiando los esfuerzos de su partido en esta materia.

Lo cierto y verdad, es que se evidencia culpa in eligendo e in vigilando dentro de su partido, y a fecha de hoy, nadie puede descartar que el presidente de Gobierno pueda declarar en el Tribunal Supremo como investigado, habida cuenta de que sus principales lugartenientes quedan retratados en el Atestado como comisionistas profesionales en la adjudicación de contratos públicos.

Los evidentes indicios de corrupción a gran escala dejan muy tocados al partido, y parece muy difícil que el PSOE, consiga esquivar la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal, la responsabilidad penal de su persona jurídica, y, por lo tanto, sufrir la pena al menos, de “banquillo”, y ya veremos, si no una pena de verdad, mediante sentencia condenatoria.

Si el PSOE es finalmente investigado, tendrá que enseñar sus cartas, sus procedimientos, controles y políticas internas. Todo eso que el pasado día 12 de junio el Presidente se apresuró a vender como un compliance invulnerable. Porque si realmente existía un control efectivo bajo un programa de cumplimiento ¿cómo pudo establecerse este entramado en la cúpula del partido para adjudicar contratos a cambio de comisiones?

No hay duda de que el delito de financiación ilegal de partidos va a planear sobre el PSOE en las próximas semanas sobre Ferraz.

En los audios se habla de “pagar impuesto”, lo que parece apuntar a un funcionamiento de organización criminal. Una estructura en la que se pagaba por mantener en el sistema a Cerdán, a Koldo y, por supuesto, a Ábalos. Y todo apunta a que el círculo podría no cerrarse ahí.

Todo indica a que este será un caso donde los peritajes de compliance van a desfilar por el Tribunal. El PSOE tratará de justificar que sus controles eran efectivos, las acusaciones dirán lo contrario, y veremos cómo evoluciona la instrucción y el posible juicio.

No hay duda de que éste será uno de los casos más relevantes en los últimos años donde una persona jurídica se siente en el banquillo y se le imputen delitos de la gravedad como el cohecho, tráfico de influencias, financiación irregular, malversación, pertenencia a organización criminal y, probablemente, blanqueo de capitales.

La culpa de un partido político no se dilucida sólo por declaraciones, si no, entre otras, mediante pruebas periciales, como, por ejemplo, las de compliance, existen obligaciones que por transparencia en el siglo XXI son inexcusables, como contar con un programa de cumplimiento con el objetivo de evitar la comisión de delitos, máxime cuando eres un partido político que has conseguido llegar al poder por un escándalo previo de corrupción.

Y si esos programas no existen o no son eficaces, la persona jurídica puede responder penalmente, no es una metáfora, es Derecho Penal puro. Y las consecuencias pueden ser demoledoras: multas millonarias e incluso la disolución del PSOE.

Una organización mínimamente diligente, ante las sospechas que eran vox populi sobre su cúpula, tuvo que haber reaccionado de una manera más reactiva y transparente, la inacción ha sido patente en el PSOE, y sólo hasta la aparición del un atestado de la UCO, no se ha movido un dedo, esto, no es una empresa, es un partido político, por lo que la reacción no sólo tuvo que ser anterior a las medidas anunciadas en las comparecencias del día 12 y 16 de junio, que bien siendo absolutamente insuficientes, son del todo tardías.

Las pretendidas auditorías no son más que un vendaje para paliar una hemorragia, echándose en falta la presentación de pruebas, entrega de evidencias, equipos, y un largo etc, contra los implicados, todas estas medidas reactivas deben soportarse en un programa de compliance de un partido político, que gestiona unos intereses tan importantes.

Igualmente, llama la atención, que el Sr. Sánchez y su partido, no hayan instado una investigación interna con empresas especializadas e independientes contra los que ya se sabía, que tenían implicaciones en amaños con contratos públicos. Nada de esto se ha hecho, y la propuesta del Sr. Sánchez en sus comparecencias, son, absolutamente insuficientes, y dan cuenta, de una ausencia total de la cultura del compliance en el PSOE y una nula colaboración para presentar a los presuntos responsables de esta trama de corrupción.

Veremos, desde el punto de vista técnico, qué papel jugaba el compliance officer del Partido. Esta función, no puede ser decorativa, y puede ser determinante para dilucidar si el programa de cumplimiento era o no, idóneo y eficaz para detectar, prevenir y reaccionar ante ilícitos penales, cuando se conozca el alcance de su desempeño, podremos saber si esa figura, incluso podría facilitar la comisión de los ilícitos apuntados por el Atestado de la UCO.

Porque esto ya no va solo de escándalos mediáticos ni de ceses forzados, aquí se va a dilucidar si las estructuras políticas de este País están sujetas, como cualquier empresa, al Imperio de la Ley, y, por lo tanto, a las reglas del compliance, que bien aplicadas, harían imposible que se cometieran los graves delitos que apunta el Atestado de la Guardia Civil. A buen seguro, veremos pronto si el órdago de Sánchez el día 12 de junio hablando de su inmejorable compliance es sólo fachada, o no.

Fuente: https://blogs.elconfidencial.com/

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