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Por Iván Martínez López – Vicepresidente de la World Compliance Association y CEO de INTEDYA
En el marco de su 59º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución sin precedentes que marca un antes y un después en la comprensión global de los efectos de la corrupción. Titulada “El impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos”, esta resolución (A/HRC/59/L.6) subraya de manera inequívoca que la corrupción no solo es un problema ético o económico, sino una grave amenaza estructural a los derechos fundamentales de millones de personas en todo el mundo.
Desde la World Compliance Association (WCA), celebramos con firmeza esta decisión, que refuerza el enfoque integral que venimos impulsando desde hace años: la lucha contra la corrupción debe entenderse también como una lucha por la justicia social, por la igualdad y por la dignidad humana.
❝La corrupción ya no puede abordarse únicamente como una cuestión de gobernanza o transparencia: es una causa directa de violaciones sistemáticas de derechos humanos.❞
La resolución reconoce que la corrupción erosiona la confianza pública, reduce los recursos disponibles para servicios esenciales, y afecta con mayor severidad a los sectores más pobres y vulnerables. En situaciones de crisis —como la pandemia de COVID-19 o catástrofes humanitarias— la corrupción tiene efectos aún más devastadores, desviando recursos críticos, obstaculizando respuestas urgentes y exponiendo a millones a condiciones inhumanas.
Entre los derechos especialmente afectados, la resolución destaca
Estos impactos no son abstractos: están documentados y afectan diariamente a personas que ven sus oportunidades, su seguridad y su futuro truncados por redes de corrupción que operan con impunidad.
La resolución no se queda en la denuncia. Propone acciones concretas y responsabilidades claras para los Estados:
Además, encarga al Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos la elaboración de un estudio con directrices prácticas para implementar obligaciones estatales en contextos de corrupción, con participación de todos los sectores implicados.
La WCA ha sostenido siempre que la cultura de integridad no se impone por decreto, sino que se construye desde el ejemplo, la formación y la acción colectiva. En este nuevo escenario, las organizaciones de compliance tenemos un papel fundamental:
Este avance de Naciones Unidas valida la visión que defendemos desde WCA y nos impulsa a redoblar esfuerzos en todos los países donde estamos presentes.
La adopción de esta resolución es más que un pronunciamiento político. Es un llamado a la acción global. La corrupción no es un problema técnico ni exclusivo del Sur Global: es una amenaza estructural que debilita democracias, perpetúa desigualdades y bloquea el desarrollo humano.
Desde la World Compliance Association reiteramos nuestro compromiso con la promoción de sistemas de integridad sólidos, eficaces y con enfoque de derechos humanos, y animamos a gobiernos, empresas y organizaciones a alinear sus estrategias con esta nueva narrativa internacional.
Hoy más que nunca, combatir la corrupción es defender los derechos humanos. Y en ese camino, nadie puede quedarse al margen.
08 de Enero
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