Por Concepción Campos, directora del Congreso de Compliance en el Sector Público de WCA.
La reciente declaración del primer ministro sueco reconociendo el uso de ChatGPT como herramienta de apoyo para sus decisiones de gobierno ha generado un auténtico revuelo en el debate público. Algunos han reaccionado con indignación: “¡Nosotros no votamos a ChatGPT!” Pero la pregunta que deberíamos hacernos no es si un líder político puede usar herramientas de inteligencia artificial (IA), sino más bien: ¿no debería hacerlo?
En una época en la que los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos son más complejos que nunca, resulta contradictorio que escandalice el uso de una tecnología diseñada precisamente para ofrecer apoyo informativo, análisis de datos o redacción técnica.
¿De verdad creemos que los dirigentes no se apoyan ya en múltiples asesores y fuentes de información? Muchos de ellos —como bien sabemos— son eventuales, sin especialización ni conocimiento técnico en las materias que abordan (por no hablar de la polémica sobre los cv) . La IA, bien utilizada, puede aportar agilidad, contraste, rigor informativo y, sobre todo, eficiencia en el proceso de toma de decisiones, y es el deber de todo gobernante usar todos los medios que (de forma lícita) le permita desempeñar mejor su función de defensa del interés general.
La polémica en Suecia —y que no será ajena a otros países como España— reabre una vieja discusión: ¿quién asesora a nuestros responsables públicos?
En realidad, lo relevante no es si quien redacta un documento o propone ideas es un humano o una máquina, sino si el proceso cumple con las garantías exigibles en un Estado democrático. Y aquí entran en juego varios elementos clave:
Porque, como es evidente, ni en Suecia ni en España votamos a una herramienta tecnológica. Votamos a personas, y a ellas corresponde la responsabilidad última, también la del buen o mal uso de la tecnología . Pero también la obligación de utilizar los mejores medios disponibles para mejorar la calidad de las políticas públicas.
¿Alguien duda de que en el próximo ciclo electoral en España —que ya asoma en el horizonte— los partidos políticos harán uso intensivo de herramientas de IA? Desde la redacción de discursos hasta la segmentación del mensaje político, pasando por el diseño de programas y estrategias digitales, la IA está ya plenamente integrada en los engranajes de la acción política.
Y no tiene nada de malo… siempre que se haga cumpliendo la legalidad y los valores democráticos.
En definitiva: no se trata de ChatGPT, se trata de nosotros y la importancia de la alfabetización
Lo que está en juego no es una herramienta concreta, sino nuestra relación con la tecnología como sociedad democrática. La IA puede ser una aliada para gobernar mejor, si se usa de forma ética, transparente y con garantías. No es una sustituta de la política, sino una palanca para su mejora. En un contexto en el que la inteligencia artificial se incorpora de forma creciente a los procesos de toma de decisiones públicas, la alfabetización digital en IA no es una opción, sino una necesidad inaplazable. Gobernantes, candidatos y sus equipos deben contar con conocimientos básicos —pero sólidos— sobre cómo funciona esta tecnología, cuáles son sus potenciales beneficios y, sobre todo, cuáles son sus límites y riesgos. Solo así podrán hacer un uso estratégico, ético y seguro, garantizando que las herramientas de IA se utilicen para reforzar la democracia y no para debilitarla. Sin comprensión, no hay control; y sin control, no hay confianza ciudadana.
Lo importante es que quienes nos representan usen la tecnología no para sustituir el juicio humano, sino para enriquecerlo.* Porque gobernar con IA no es gobernar con menos democracia… sino, potencialmente, con más inteligencia.
Fuente: https://concepcioncampos.org/
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