La Ley Anticorrupción que prevendrá, detectará, investigará y sancionará los actos ilegales en el ejercicio de la función pública en El Salvador entra hoy en vigencia, siendo parte fundamental del compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir este flagelo; en lo que ha denominado guerra contra la corrupción.
El cuerpo de ley fue propuesto por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa lo aprobó el 7 de febrero pasado con los votos de los grupos legislativos de Nuevas Ideas, PCN y PDC; mientras que ARENA y VAMOS, partidos de oposición, votaron en contra de la moderna normativa que tiene como ámbito de aplicación a los funcionarios, empleados públicos y autoridades de todas las instituciones estatales, municipales, autónomas y descentralizadas.
La Ley Anticorrupción da vida al Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), conformado por 12 instituciones, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), Corte de Cuentas de la República (CCR), el Órgano Judicial, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que tienen incidencia directa en las labores de contraloría, regulación y verificación del patrimonio de funcionarios, empleados y servidores públicos.
El SINAC se encargará de que la CCR asegure que la FGR tenga «acceso irrestricto a los juicios de cuentas y demás procedimientos de carácter administrativo» que evidencien la presunta comisión de un hecho delictivo de corrupción por parte de un funcionario o empleado público.
Además de la CCR, la Corte Suprema de Justicia también deberá remitir las diligencias a la FGR cuando identifique -por medio de la Sección de Probidad- un presunto enriquecimiento ilícito injustificado de un funcionario.
La ley define como ente rector del SINAC a la FGR, que también tiene adscrito el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) que será el encargado de ejecutar las acciones de inteligencia relativas a la prevención, investigación y persecución de los delitos de corrupción.
Dicho «centro contará con un presupuesto especial que será agregado al de la Fiscalía General de la República. El Estado por medio del Ministerio de Hacienda deberá otorgar los fondos para la fundación, funcionamiento y desarrollo permanente del centro», se lee en el artículo 11 del moderno cuerpo de ley.
También se estipuló que el CNA funcionará ininterrumpidamente y podrá implementar «las herramientas de tecnología avanzada de análisis de datos para identificar redes de corrupción analizando conexiones entre personas, instituciones y transacciones».
En torno al mecanismo de denuncia, la nueva normativa establece que cualquiera podrá denunciar ante el SINAC, o en una de las 12 instituciones que lo integran, al funcionario, empleado o servidor público contra quien haya pruebas o sospechas fundadas de que se enriqueció ilícitamente a costa de la hacienda pública o municipal mediante el cometimiento de actos de corrupción.
Además, se contempla brindar protección a los denunciantes y testigos con el propósito de evitar represalias que puedan sufrir como consecuencia de denunciar y atestiguar contra un funcionario por los delitos de corrupción de peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento Ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias.
En total, son 13 tipos penales los que serán investigados y perseguidos con la nueva normativa, que es de carácter especial en relación con las materias que regula, y que consta de 22 artículos.
El artículo 18 determina que los funcionarios y empleados, así como su cónyuge en razón de matrimonio o conviviente por unión no matrimonial e hijos, deben presentar junto con la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta una declaración jurada de Informe de Activos y Pasivos, el cual deberá contener saldos de los activos fijos y circulantes, pasivos, detalle de las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles realizados en el periodo de la declaración del gravamen.
Para Nelson Flores, especialista en administración pública, la normativa propuesta por el Ejecutivo busca promover la ética y la transparencia en la gestión pública. Recordó que los gobiernos de ARENA y el FMLN se caracterizaron por promover leyes para proteger la corrupción, evitar ir a la cárcel o devolver lo robado de los fondos públicos.
«La Ley Anticorrupción va a permitir establecer procedimientos de investigación y una pronta rendición de cuentas a fin de que los funcionarios no utilicen sus cargos para enriquecerse», explicó Flores.
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