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14/08/2025

España fija el inicio de funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para el 1 de septiembre de 2025

Por Iván Martínez López – Vicepresidente de la World Compliance Association y CEO de INTEDYA

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto, que marca un hito en la implantación efectiva de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), un organismo clave en la lucha contra la corrupción y en la salvaguarda de quienes denuncien infracciones normativas.

La A.A.I. fue creada por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que incorporó al derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de los denunciantes. La norma la configuró como autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Su función esencial es proteger a la persona informante y servir de pilar institucional contra la corrupción, trabajando en coordinación con otros órganos de supervisión, control e investigación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, aprobó su Estatuto y estableció un régimen transitorio de apoyo ministerial hasta que la Autoridad estuviera operativa. Posteriormente, el Real Decreto 328/2025, de 15 de abril, nombró presidente al catedrático Manuel Villoria Mendieta. Tras nueve meses desde la aprobación del Estatuto y tres desde el nombramiento de su presidente, el Gobierno ha fijado el 1 de septiembre de 2025 como fecha de puesta en funcionamiento oficial, permitiendo que la A.A.I. empiece a ejercer sus funciones con plena autonomía e independencia.

Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia seguirá prestando apoyo en recursos humanos, infraestructura, logística, contratación, gestión económica, equipos informáticos, redes de comunicaciones y creación de la página web oficial. Este apoyo podría prorrogarse mediante orden ministerial. Mientras no disponga de presupuesto propio, la Autoridad se financiará con cargo a los créditos del Ministerio. La entrada en funcionamiento de la A.A.I. implica que, desde septiembre, habrá una ventanilla externa operativa para recibir y tramitar informaciones, con capacidad de coordinarse con canales internos y otras autoridades.

La puesta en marcha de la A.A.I. obligará a las organizaciones privadas y públicas a revisar sus sistemas de denuncia y coordinación con las autoridades. Se aconseja reforzar los procedimientos de gestión documental y trazabilidad, de forma que puedan atenderse los requerimientos con expedientes completos y auditables. A ello se suma la necesidad de informar a empleados y terceros sobre las vías de reporte internas y externas, garantizando en todo momento la confidencialidad. En el caso de las administraciones públicas, la recomendación pasa por definir puntos de contacto y plazos de respuesta en coordinación con la A.A.I. y con sus propios órganos de control, adaptar los canales internos a los estándares de interoperabilidad y seguridad que fijará el nuevo organismo, y formar al personal gestor y a las unidades de integridad en su funcionamiento y procedimientos de colaboración.

La puesta en marcha de la A.A.I. refuerza el marco de compliance y buen gobierno en España, ofreciendo a informantes y entidades un marco más seguro y coordinado para la denuncia y tramitación de irregularidades. Este nuevo organismo no solo busca prevenir represalias, sino también mejorar la detección y combate de prácticas corruptas, aportando mayor transparencia, seguridad jurídica y confianza en el sistema.

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