Por Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association (WCA) y CEO de Intedya.
La Comisión Europea ha dado un nuevo paso en su agenda de simplificación normativa con el lanzamiento de una consulta pública que busca recabar evidencias y propuestas sobre cómo reducir la complejidad de las leyes digitales vigentes y futuras. La iniciativa se enmarca en el denominado Digital Omnibus, un paquete legislativo que será presentado en diciembre y que persigue un objetivo ambicioso: reducir en al menos un 25% la carga administrativa de todas las empresas europeas y en un 35% la de las pymes. El movimiento llega en un momento crítico para la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que entró en vigor en 2024 y cuya aplicación completa está prevista para 2027, pero que ya enfrenta tensiones entre la necesidad de garantizar derechos fundamentales y las presiones de la industria para suavizar plazos y requisitos.
Según la Comisión, el Digital Omnibus se centrará en áreas clave: datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. La intención no es desregular, sino aligerar procedimientos, eliminar redundancias y ofrecer reglas más claras y ágiles para empresas y autoridades.
En palabras de los responsables de la DG CONNECT, la estrategia busca “crear un entorno más favorable para la innovación y la competitividad sin rebajar los estándares europeos de seguridad y confianza digital”.
La consulta pública estará abierta hasta el 14 de octubre de 2025, y representa el primer paso para reestructurar el complejo entramado normativo europeo en materia digital, complementando otras iniciativas como la Data Union Strategy, la revisión del Cybersecurity Act y la estrategia Apply AI.
En paralelo, la Comisión ha publicado guías y plantillas de reporte para incidentes graves en sistemas de IA de alto riesgo, como exige el artículo 73 del AI Act.
Aunque estas obligaciones no serán exigibles hasta agosto de 2026, Bruselas quiere que los proveedores se familiaricen con ellas de forma anticipada.
Los materiales incluyen:
La Comisión subraya que esta herramienta permitirá una detección temprana de riesgos, mejorará la rendición de cuentas y reforzará la confianza pública en la IA. Además, se alinea con iniciativas internacionales como el AI Incidents Monitor de la OCDE.
La consulta sobre este aspecto estará abierta hasta el 7 de noviembre de 2025.
Pese a las crecientes voces que piden un parón en la implementación del AI Act, la Comisión ha sido clara: no habrá moratoria.
Yvo Volman, director de la DG CONNECT, afirmó ante la comisión LIBE del Parlamento Europeo que la prioridad es “hacer que las normas funcionen en la práctica”, descartando por completo una suspensión de su entrada en vigor. También aclaró que el paquete de simplificación de diciembre no implicará una revisión radical del AI Act.
Sin embargo, la presión aumenta:
La vicepresidenta de la Comisión de Competencia, Teresa Ribera, ha salido en defensa de la regulación europea frente a los llamamientos a “stop the clock”. Recordó que las normas buscan resolver tensiones reales, como la protección de los derechos de los editores ante el uso de contenidos por sistemas de IA o la explotación de datos sin atribución adecuada. Ribera también subrayó que la experiencia de 2025, con tensiones en las relaciones transatlánticas, ha llevado a la UE a reducir su dependencia tecnológica de EE. UU.. Aun así, apuntó que un 75% de los nuevos actores que se benefician del marco regulatorio europeo son empresas estadounidenses, y que parte de la industria norteamericana apoya activamente la estrategia digital de la UE.
El debate actual refleja el dilema central de la UE: mantener su liderazgo global como pionera en regulación tecnológica o flexibilizar su marco para no quedar rezagada frente a EE. UU. y China. Mientras los defensores del AI Act insisten en que la ley es clave para garantizar derechos y confianza, críticos como Draghi o algunos Estados miembros alertan del riesgo de frenar la innovación y ahogar a las startups europeas bajo exceso de burocracia.
La credibilidad internacional de la UE como regulador digital dependerá de cómo gestione esta tensión en los próximos meses, con el Digital Omnibus de diciembre como punto de inflexión para saber si Bruselas opta por mantener firme su ambición regulatoria o por introducir ajustes pragmáticos que alivien la presión sobre las empresas.
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