Por Iván Martínez, CEO de Intedya
El Senado ha aprobado las Directrices de uso de la Inteligencia Artificial en el Senado, un texto normativo interno fechado el 16 de febrero de 2026 que establece el marco organizativo, ético y jurídico para la utilización de sistemas de IA en la Cámara. El documento configura un modelo de gobernanza tecnológica basado en la autonomía administrativa del Senado y orientado a mejorar la eficiencia y calidad del ejercicio de sus funciones constitucionales, legislativa, de control y administrativas, sin comprometer derechos fundamentales ni la responsabilidad institucional.
Un enfoque preventivo basado en riesgos
Las Directrices parten de una premisa clara: la IA es una tecnología de uso general con potencial transformador, pero también con riesgos significativos. El texto identifica expresamente cinco categorías de riesgo: vulneración de derechos fundamentales (privacidad, sesgos discriminatorios, propiedad intelectual), riesgos operativos derivados de errores o decisiones incorrectas, riesgos de seguridad (vulnerabilidades y ciberataques), riesgos institucionales (daño reputacional o responsabilidad jurídica) y riesgos ambientales por consumo energético. Este enfoque sitúa la regulación interna en una lógica de anticipación y mitigación, más que de simple habilitación tecnológica.
Principios rectores: supervisión humana y rendición de cuentas
El Capítulo III articula un conjunto de principios éticos y jurídicos que deben regir el uso de la IA en la Cámara. Entre ellos destacan la responsabilidad, la robustez y seguridad, el respeto a la autonomía humana, la transparencia, la proporcionalidad, la igualdad y no discriminación y la plena sujeción a la normativa vigente, en particular al Reglamento europeo de IA y a la normativa de protección de datos. Uno de los elementos centrales del texto es la exigencia de supervisión humana obligatoria. Toda información generada por sistemas de IA y cualquier decisión adoptada con su apoyo deberá ser revisada y verificada por profesionales antes de su uso oficial. El empleo de IA no exime en ningún caso de responsabilidad al profesional humano
Adquisición controlada y estándares internacionales
En materia de contratación, el Senado establece que los pliegos de adquisición de sistemas de IA deberán ajustarse a los principios éticos y jurídicos recogidos en las Directrices. El documento prevé que, cuando se estime oportuno, se exija a los proveedores el cumplimiento de la norma ISO/IEC 42001, estándar internacional de sistemas de gestión de inteligencia artificial, y se valorarán acreditaciones en desarrollo ético de IA. Asimismo, antes de implantar un sistema de IA deberá realizarse, cuando proceda, una evaluación de impacto conforme a la normativa vigente, bajo supervisión de la Comisión de Seguridad de la Información del Senado. Los sistemas deberán contar con documentación técnica detallada que incluya arquitectura, fuentes de datos, lógica algorítmica y mecanismos de mitigación de riesgos
Protección reforzada de información sensible
Las Directrices establecen límites estrictos en el tratamiento de información mediante IA. Queda prohibido introducir información sujeta a secreto parlamentario en cualquier sistema de IA, incluso si está autorizado. La información reservada o protegida por propiedad intelectual no podrá incorporarse a sistemas públicos y solo podrá utilizarse en sistemas autorizados cuando resulte estrictamente necesario y con supervisión jerárquica previa
Además, se prohíbe el uso de herramientas de IA no autorizadas en equipos o redes del Senado, y se mantendrá un registro actualizado de los sistemas permitidos en la intranet institucional
Transparencia y control institucional
El texto prevé que el Portal de Transparencia publique información sobre los sistemas de IA utilizados en la Cámara y sus finalidades. También se elaborará un informe anual sobre el uso de IA que incluirá estadísticas, incidencias y mejoras implementadas, el cual será presentado a la Comisión de Seguridad de la Información y elevado a la Mesa. La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones será el órgano inmediatamente responsable del cumplimiento de la normativa interna, en coordinación con el Delegado de Protección de Datos. El incumplimiento podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria conforme al régimen que establezca la Mesa
Un modelo de gobernanza prudente
Las Directrices entrarán en vigor sesenta días después de su publicación y prevén un periodo transitorio de seis meses para adaptar los sistemas existentes. En conjunto, el documento configura un modelo de gobernanza prudente y estructurado, basado en la supervisión humana, el control institucional, la transparencia y la alineación con estándares internacionales como ISO/IEC 42001. Más que una apuesta disruptiva por la automatización, el Senado adopta un enfoque de integración controlada de la inteligencia artificial, orientado a reforzar la eficiencia institucional sin menoscabar garantías jurídicas ni responsabilidades.
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