


La Fiscalía General de la República (FGR) intervino el viernes 13 de marzo pasado la Financiera Credicash, con sede en Chalatenango, por presuntas irregularidades. Investigadores ligados al caso confirmaron que los allanamientos están vinculados a la presunta evasión de impuestos.
Mencionaron a LA PRENSA GRÁFICA que Fiscalía ha realizado allanamientos tanto en las instalaciones de la financiera como en la vivienda del propietario, Gerson Orellana. Estiman que las diligencias se alarguen durante tres días más para determinar si se seguirá un proceso penal.
Hasta el momento, ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Fiscalía han realizado algún pronunciamiento público del procedimiento o de la supuesta captura de Orellana. Este medio llamó a las delegaciones policiales de Chalatenango Centro para confirmar la detención, pero respondieron que desconocían la situación. Fiscalía también fue cuestionada al respecto, a través de sus equipos de comunicaciones, pero al cierre de esta nota aún se espera respuesta.
A las 7 de la noche del viernes, tras conocerse el cierre de las instalaciones, Orellana publicó en su cuenta personal de Facebook que se trataba de un “procedimiento”, pero que retomarían los trámites el lunes. Aclaraciones: En CrediCash solo están elaborando un procedimiento debido a tantas malas habladurías. Mañana (sábado) cerrado, esperemos que el día lunes vuelva a la normalidad, escribió.
Esa fue la última información proporcionada por él hasta el cierre de esta nota. Posteriormente, se intentó contactar a través de llamadas a su teléfono celular, pero no fueron atendidas.
Sumado a lo sucedido, el domingo pasado, los ahorrantes realizaron una concentración en el centro de Chalatenango para pedir la liberación de Orellana y “justicia” en la investigación de la Fiscalía. Consecutivamente, la noche del lunes desarrollaron una vigilia en la catedral San Juan Bautista de Chalatenango para manifestar su apoyo.
Por su parte, el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) confirmó el cierre de las instalaciones y detalló que personal policial se encuentra resguardando la zona desde el viernes debido a las diligencias que realizan las autoridades, por lo que los ahorrantes no han podido depositar o retirar el dinero.
Usuarios de CrediCash consultados por LA PRENSA GRÁFICA mencionaron que esperan que se agilicen las diligencias de parte de Fiscalía y que las autoridades den información sobre lo ocurrido.
Vine el viernes y estaba todo cerrado. Sabemos que hay personas de otros lugares, no solo de Chalatenango, quienes tienen sus ahorros invertidos en la financiera y tampoco pudieron realizar algún trámite. Esperamos que todo esté en orden y que no se haya perdido el dinero de los ahorrantes, dijo uno de los usuarios, que prefirió resguardar su identidad por seguridad.
Se escuchan rumores, pero nadie dice nada oficial. Lo que queremos es que nos den garantías de que nuestros ahorros están ahí y que no pase a mayor cosa. No sé qué es lo que están realizando, relató otro de los ahorrantes.
Gerson Orellana es el propietario de la financiera CrediCash, la cual cumplirá seis años de funcionar en junio de este año. También es empresario de autobuses bajo el nombre “Imperio Yajaira”, entre las que se encuentran las rutas 141, 126, 300, 125 que operan principalmente en Chalatenango. Además, es propietario de la funeraria Águilas del Norte.
El 2 de marzo pasado, Orellana acudió a una conferencia de prensa junto al Director General de Transporte Terrestre, Iván Díaz; el alcalde Chalatenango, Milton Serrano y el gobernador de Chalatenango, Amílcar Monge; para dar a conocer el proyecto del Consorcio de Rutas del Norte en el que presentaron 40 autobuses que operarán en el departamento, con un costo total de $50 millones.
La financiera CrediCash se suma a las instituciones intervenidas por la Fiscalía, entre otras como la Cooperativa Santa Victoria de RL (COSAVI), la cual está intervenida desde mayo de 2024 por el desfalco de $32 millones.
Según información estadística de la Defensoría de Protección al Consumidor (DPC), entre enero de 2022 y agosto de 2025, esta institución gubernamental atendió 5,641 denuncias contra asociaciones cooperativas de ahorro y crédito y contra bancos cooperativos. De estas, 457 fueron remitidas a la Fiscalía por indicios de irregularidades.
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