España somete a consulta un proyecto de Real Decreto para adaptar su sistema antiblanqueo al nuevo paquete europeo AML

Por Iván Martínez, CEO de Intedya

El Gobierno español ha presentado un Proyecto de Real Decreto para reforzar el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) que introduce importantes modificaciones en el marco reglamentario vigente, especialmente en el Reglamento de la Ley 10/2010. La iniciativa responde a tres grandes objetivos estratégicos: adaptar la normativa a los nuevos riesgos tecnológicos y operativos, alinearla con el nuevo paquete legislativo europeo anti blanqueo aprobado en 2024 y preparar el sistema español para la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para 2026. La reforma tiene un alcance amplio, ya que además de modificar el Reglamento de prevención del blanqueo de capitales también introduce ajustes técnicos en diversas normas del sistema financiero español, incluyendo el régimen de transparencia de mercados, el funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos, la regulación de empresas de servicios de inversión y algunos mecanismos de pago de las administraciones públicas.

Contexto internacional: presión regulatoria y evaluación del GAFI

El proyecto se enmarca en un contexto internacional marcado por el refuerzo de los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales. España será sometida en 2026 a una nueva evaluación mutua del GAFI, un proceso en el que se revisará de forma exhaustiva el funcionamiento del sistema nacional de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo. Este tipo de evaluaciones analiza tanto la adecuación normativa como la eficacia real de las medidas implementadas por los Estados.

Con el nuevo decreto, el Ejecutivo pretende anticiparse a esa revisión reforzando elementos clave del sistema, como la inteligencia financiera, el enfoque basado en riesgo y la coordinación institucional entre organismos públicos. Además, el texto incorpora parcialmente el denominado paquete antiblanqueo europeo aprobado en 2024, compuesto por nuevas directivas y reglamentos destinados a armonizar la normativa en todos los Estados miembros.

Reforma profunda del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo

El núcleo de la reforma se encuentra en las modificaciones introducidas en el Real Decreto 304/2014, que regula el desarrollo de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.

Identificación reforzada de clientes. Uno de los cambios más relevantes afecta a las obligaciones de identificación de clientes. El nuevo texto establece que la identificación y comprobación de identidad deberá realizarse obligatoriamente en determinadas operaciones, entre ellas:

• operaciones realizadas ante notario
• operaciones realizadas en cajeros de criptoactivos
• determinadas operaciones financieras con riesgo elevado.

Además, el decreto incorpora expresamente la posibilidad de utilizar el DNI digital como medio válido de identificación, adaptando el sistema de diligencia debida al nuevo modelo de identidad electrónica introducido recientemente en España.

Esta modificación refleja la evolución del sistema financiero hacia entornos digitales y la necesidad de integrar nuevas tecnologías de verificación de identidad en los procesos de prevención del blanqueo.

Cambios en la identificación remota de clientes

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación del régimen de operaciones no presenciales. La normativa vigente permitía verificar la identidad de un cliente cuando el primer ingreso procedía de una cuenta abierta a su nombre en una entidad financiera de la Unión Europea o de un país equivalente. El nuevo proyecto elimina esta posibilidad, lo que endurece el proceso de identificación remota y obliga a utilizar mecanismos más robustos de verificación, como sistemas de firma electrónica o procedimientos autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Esta medida pretende cerrar una vía que había generado riesgos operativos en algunos modelos de negocio digitales.

Refuerzo del enfoque basado en riesgo

El decreto introduce nuevas exigencias para los procedimientos internos de control de los sujetos obligados, reforzando el enfoque basado en riesgo que constituye uno de los pilares del sistema internacional de prevención del blanqueo. A partir de la entrada en vigor de la norma, los análisis internos de riesgo deberán tener en cuenta obligatoriamente:

• el análisis nacional de riesgos
• el análisis supranacional de riesgos de la Unión Europea
• los análisis sectoriales elaborados por autoridades competentes
• la información sobre riesgos de evasión de sanciones internacionales.

Además, se introduce la obligación de que las organizaciones adopten políticas específicas relacionadas con sanciones financieras internacionales y contramedidas económicas, una cuestión cada vez más relevante en el contexto geopolítico actual.

Nuevas obligaciones para asociaciones y fundaciones

Uno de los aspectos más novedosos del decreto es la introducción de un marco más detallado para fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, sectores que el GAFI considera potencialmente vulnerables a la financiación del terrorismo. El nuevo texto establece que aquellas entidades con un nivel de riesgo superior al medio deberán:

• registrar y conservar información sobre donantes y beneficiarios
• aplicar procedimientos para garantizar la idoneidad de sus órganos de gobierno
• colaborar activamente con las autoridades cuando existan indicios de blanqueo o financiación del terrorismo.

Creación del Comité de Inteligencia Financiera

El decreto también introduce reformas institucionales relevantes. Entre ellas destaca la creación del Comité de Inteligencia Financiera, un órgano destinado a coordinar el análisis de riesgos y la generación de inteligencia estratégica en materia de blanqueo de capitales. Este comité estará integrado por representantes de:

• el Tesoro Público
• el Banco de España
• la Agencia Tributaria
• la Policía Nacional y la Guardia Civil
• la Fiscalía
• el Centro Nacional de Inteligencia
• el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Su función principal será impulsar el análisis de riesgos a nivel nacional y coordinar la respuesta institucional frente a nuevas amenazas financieras.

Nuevo sistema de análisis nacional de riesgos

Otra novedad significativa es la regulación detallada del Análisis Nacional de Riesgos, una herramienta fundamental en el sistema internacional de prevención del blanqueo.

El nuevo decreto establece que este análisis deberá:

• actualizarse como máximo cada cuatro años
• identificar los riesgos asociados a diferentes sectores económicos
• servir de base para la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales.

Además, se prevé la publicación de una versión pública del informe para facilitar que los sujetos obligados puedan incorporar esta información a sus propios sistemas de evaluación de riesgos.

Refuerzo de las sanciones financieras internacionales

El proyecto también introduce medidas para garantizar la aplicación inmediata de sanciones financieras internacionales. En concreto, establece que deberán congelarse o bloquearse sin demora los fondos y recursos económicos pertenecientes a personas o entidades incluidas en:

• resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
• reglamentos de la Unión Europea
• acuerdos del Consejo de Ministros.

Esta medida pretende acelerar la ejecución de sanciones y evitar retrasos administrativos que puedan facilitar el movimiento de fondos vinculados a actividades ilícitas.

Impacto para las organizaciones y sujetos obligados

La aprobación definitiva del decreto tendrá implicaciones relevantes para un amplio conjunto de actores, entre ellos:

• entidades financieras
• fintech y proveedores de servicios digitales
• notarios y registradores
• operadores de criptoactivos
• asociaciones y fundaciones
• empresas sujetas a obligaciones de prevención del blanqueo.

En conjunto, el nuevo proyecto de Real Decreto representa una actualización significativa del sistema español de prevención del blanqueo de capitales, alineándolo con los estándares internacionales más recientes y con el nuevo marco regulatorio europeo.

La reforma refuerza especialmente tres elementos clave del sistema: el enfoque basado en riesgo, la coordinación institucional y la adaptación a los nuevos riesgos tecnológicos.