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Concepción Campos: "Éste, 2019-2023, debe ser el mandato en el que se consolide la nueva cultura de integridad y transparencia"

La Secretaria de Administración Local ha sido recientemente galardonada en el III Premio Ferran Termes, que premia la la mejora de la transparencia y la eficiencia de la gestión

Concepción Campos Acuña, miembro del Comité Técnico de Compliance en el Sector Público de la World Compliance Association, ha sido recientemente galardonada con el III Premio Ferran Termes por un trabajo de investigación, todavía inédito, para la mejora de la transparencia y la eficiencia de las organizaciones públicas o privadas. El trabajo ha sido merecedor del premio que otorgan ACCID, el Colegio de Economistas de Cataluña, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, el Consejo del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

La galardonada es doctora en Derecho y secretaria del Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo, así como codirectora de la red Localis. Además, ha publicado varios artículos de investigación y es autora de diversas monografías. También ha participado como conferenciante y ponente en distintos foros y acciones formativas. La experta en el sector público dirige anualmente el Congreso de Compliance en el Sector Público, organizado por la World Compliance Association, que va a celebrar ya su tercera edición el próximo año.

A raíz del reciente galardón, Concepción Campos ha contestado unas preguntas para la World Compliance Association. En esta entrevista, la experta en administración local comparte su visión sobre el papel que el compliance está jugando en el sector público español.

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En primer lugar, enhorabuena por el reciente galardón en el III Premio Ferran Termes. Cuéntanos, ¿en qué consiste el trabajo de investigación premiado? 

Me siento muy honrada por haber sido reconocida con este prestigioso galardón por mi trabajo de investigación Compliance en el Reglamento de Control Interno Local: una propuesta iconoclasta para la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión local, y que agradezco a ACCID y al resto de entidades convocantes. En este trabajo expongo cómo aprovechar las oportunidades que ofrece el Compliance para implantar las exigencias en materia de control interno local, con el RD 424/2017, vigentes desde 2018 y alcanzar los objetivos fijados en la normativa para mejorar la gestión pública, garantizando la transparencia y una efectiva rendición de cuentas. Esta norma ha activado un nuevo modelo de control que encaja en las políticas de compliance en el sector público, apostando por la política de gestión de riesgos, en particular, desde la prevención, tal y como recoge el propio reglamento y se detalla en el trabajo premiado.

¿Qué ámbitos crees que habría que reforzar en la gestión pública local?

Desde el punto de vista de la gestión, creo que son precisamente estos dos ejes, integridad y eficiencia los que deben ser objeto de mayor refuerzo. Aunque en muchos casos cuando se habla de transparencia, ética e integridad parece que estamos refiriéndonos a conceptos etéreos y evanescentes, sólo situados en el plano filosófico, y que no producen un impacto directo en  la gestión y en el servicio público, lo cierto es que tienen una derivada directa a través de la eficiencia. La corrupción y la falta de integridad se traducen directamente en elevados costes para el erario público, tal y como se ha estudiado a la perfección en materia de contratación pública, y en una significativa disminución en la calidad de los servicios públicos, servicios públicos que en el ámbito local comprenden un amplio abanico de aspectos importantes para la vida de toda la ciudadanía, por lo que resulta preciso extremar los medios a nuestra disposición para reforzar su garantía, finalidad a la que sirve el Compliance. 

Recientemente has publicado el libro Aplicación práctica del Compliance en la contratación pública. ¿Qué papel está jugando el compliance en el sector público español?

Pues yo creo que el Compliance en el sector público está jugando un papel todavía incipiente pero con un gran potencial. Cuando en el año 2017 publicaba Compliance en la administración pública: dificultades y propuestas, pude comprobar el gran interés que existía en esta materia por el éxito que tuvo. En esta obra abordaba novedosamente la traslación de una técnica, el Compliance, que ya tenía un cierto recorrido en el ámbito privado, vinculado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que aun no había recibido suficiente interés desde el sector público, y que ha ido incrementándose exponencialmente. 

Con el libro Aplicación práctica del Compliance en la contratación pública doy continuidad a esa línea de trabajo abordando, esta vez, la aplicación de las técnicas del Compliance a la contratación pública. La aprobación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en vigor desde 2018, supuso un punto de inflexión en la contratación pública, al situar el principio de integridad como uno de los pilares básicos que deben gestionar y exigir a los órganos de contratación la adopción de medidas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación, con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. A esta finalidad obedece esta publicación que, por un lado, ofrece las claves para la elaboración de un programa de Compliance que permita garantizar estos objetivos a los gestores públicos, y a los licitadores y contratistas cómo responder ante los responsables del sector público, pues no hay corrupción sin corruptor.

Desde tu experiencia en la administración pública de Vigo, ¿qué balance haces de las acciones que se están llevando en pro de la transparencia y buenas prácticas?

En mi opinión, se trata de un balance muy positivo. En el Ayuntamiento de Vigo llevamos trabajando desde el minuto uno de la aprobación de la ley de transparencia en una línea de refuerzo de la transparencia y la ética, como demuestra la adhesión al Código de buen gobierno local de la FEMP y la integración como miembros de la Red de EELL por la Transparencia y la Participación ciudadana, donde yo misma coordino el Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación pública para facilitar al conjunto de entidades locales la aplicación de una compleja norma.

Además, Vigo es el Ayuntamiento gallego que ha obtenido mejores resultados en el Índice de transparencia de ayuntamientos de Transparencia Internacional España, y el ayuntamiento que, sólo por detrás de Madrid, tiene reconocidas el mayor número de buenas prácticas en esta materia. Pero al margen de ránkings, lo más importante es la apuesta por la mejora continua, pues trabajamos cada día para seguir evolucionando, como lo demuestra la aprobación del Plan de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia y el Bueno Gobierno que, en el momento actual, está dando ya excelentes resultados, y en seguir fomentando la cultura de la transparencia y la dimensión ética en la gestión.

¿Qué retos se plantea la administración pública local a corto y largo plazo?

En este momento, recién constituidas las nuevas Corporaciones Locales, se abre un período en el que, con la adecuada planificación y con un horizonte temporal de cuatro años, pueden alcanzarse los retos del momento actual, que, en mi opinión pueden reconducirse a tres líneas. 

La primera, la modernización de la gestión pública. Aunque parezca un tema muy manido, seguimos necesitando implementar medidas para no aumentar la brecha entre una ciudadanía hiperconectada y unas administraciones todavía en proceso de, para ello será clave la administración electrónica, con todas sus derivadas: big data, blockchain, inteligencia artificial, etc., pero sobre todo la gestión de las personas, modernizando los procesos de selección para captar nuevos talentos, diseñando perfiles profesionales adecuados a este tiempo y cultivando las soft skills, competencias que dibujan el futuro de los empleados públicos entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional.

En segundo lugar, la ética, el buen gobierno y la integridad. Desde las primeras exigencias de transparencia cuya implantación comenzó en el mandato anterior, éste, 2019-2023, debe ser el mandato en el que se consolide la nueva cultura de integridad y transparencia.

Y, en tercer lugar, la sostenibilidad, entendida en todas sus dimensiones: social, económica, ambiental, urbanística,etc., con unas entidades locales que deben alinear su gestión con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), desde la cercanía y proximidad que la administración local permite para identificar, implantar y monitorear los ODS.

Desde el Comité Técnico de Compliance en el Sector Público de la World Compliance Association, del que formas parte, ¿qué acciones se están llevando a cabo?

En los últimos dos años hemos realizado interesantes aportaciones al Compliance en el Sector Público, pudiendo señalar como hito más representativo (por su gran éxito), la puesta en marcha de un Congreso anual de Compliance en el Sector Público, al que en su segunda edición se ha incorporado, a propuesta mía, la creación de un reconocimiento específico, los premios a la integridad en la gestión pública. La propuesta que formulé al Comité se concreto en la creación del Premio a la iniciativa de gestión más destacada en la integridad pública y del Premio al empleado público destacado en su labor de promoción de la integridad, con el objetivo de promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión pública en todos los ámbitos del sector público y de poner en valor su labor en pro de la promoción de la integridad y de la mejora de la gestión pública a través de las técnicas de compliance. Me parece fundamental dar publicidad a este tipo de perfiles.

Además, se han realizado diferentes webinars al hilo de destacadas novedades normativas para conocer las dimensiones del Compliance en el sector público, como ha sucedido en materia de protección de datos y de contratación del sector público. En colaboración con la editorial Wolters Kluwer, se han publicado las ponencias del Congreso en formato monográfico, sin olvidar la difusión de blogs y entradas, como sucede con las publicadas en mi blog, sobre esta materia.

Volviendo al libro, ¿quién crees que debería ser el destinatario/lector de la publicación? ¿Están los representantes políticos concienciados de la necesidad de implementar el Compliance en este ámbito?

Los destinatarios de este libro son tanto los gestores públicos, como los privados que tengan o quieran tener actividad contractual en el sector público, además de académicos e interesados en la contratación pública. 

La entrada en vigor en el año 2018 de un nuevo y exigente marco legal en materia de contratación pública ha introducido nuevos requisitos que todavía están en proceso de implantación y que pueden representar una ventaja competitiva para los agentes del sector privado, y una clara mejora de la gestión pública en términos de integridad y eficiencia, que pueden alcanzarse a través del Compliance. Por ello, en el libro, siguiendo paso a paso la Ley de Contratos, se aplican las técnicas de compliance para la gestión de riesgos, mediante la elaboración de los correspondientes mapas, el establecimiento de un canal de denuncias, la disponibilidad de un sistema disciplinario y de responsabilidad, el escenario de órganos de control, completado con faq´s y modelos para facilitar su aplicación, sin dejar de reportar experiencias ya en marcha para el oportuno benchmarking. 

En cuanto a los representantes políticos, cada vez son más conscientes de la necesidad de contar con herramientas de mejora de la gestión pública, tanto en el plano de la integridad, para recuperar la confianza ciudadana, como para la obtención de mejores resultados en su actividad, además de la obligación que tienen de responder al mandato legal de la ley de contratos. Ellos, como órganos de contratación, deberán adoptar las medidas que exige el artículo 64 de la ley de contratos, de ahí que este libro constituya una de esas herramientas de apoyo tanto para gestores públicos, como para licitadores y contratistas, garantizando así el cumplimiento del marco legal. En esta entrada de mi blog podéis profundizar sobre este tema.

Desde la World Compliance Association agradecemos a Concepción Campos sus respuestas y le damos la enhorabuena por el premio conseguido y sus méritos en el ámbito de la administración pública.    

 

@mccamposacunha / www.concepcioncampos.org 

 


 
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