Corrupción en entidades con ISO antisoborno ¿En qué fallamos?

Corrupción en entidades con ISO antisoborno ¿En qué fallamos?

Rosa Elena Heredia Mendoza[i]

 

«… la conformidad con este documento no garantiza que el soborno no haya ocurrido o no ocurrirá en relación con la organización, ya que no es posible eliminar por completo el riesgo de soborno»

NTP-ISO 37001

 

Considerando que los recursos de las entidades del estado son escasos y, por lo tanto, tienen que ser utilizados de manera eficiente, preocupa que varias de las entidades que difundieron la obtención de su certificación ISO 37001, hayan estado o estén inmersas en escándalos de corrupción.

 

La idea de este artículo es listar las posibles causas que podrían estar llevando a que la ciudadanía empiece a percibir que, la obtención de dicha certificación por parte de las entidades del estado es solo un saludo a la bandera o algo que simplemente es para poner en vitrina a los funcionarios de turno.

 

Muchas veces ha llamado nuestra atención el hecho de que los funcionarios de las entidades determinen de manera previa -sin contar con mapa de riesgos de la entidad- cuáles son las unidades dentro de la organización respecto de las cuales se debería implementar un sistema de gestión antisoborno con miras a obtener la certificación. Es decir, la implementación del sistema de gestión antisoborno no nace en función del riesgo, sino de lo que el funcionario determina en el concurso o convocatoria.

 

Otro punto importante es que los funcionarios encargados de coordinar la implementación del sistema desconocen cómo funciona la entidad y consideran a ciertas prácticas como “permitidas” -porque siempre se han hecho así- lo cual impide identificar los riesgos y por ende analizarlos, evaluarlos e implementarles controles.

 

En cada evento académico siempre se preguntan si el compliance es una moda y la respuesta es obvia; sin embargo, los sistemas de gestión antisoborno muchas veces son implementados para venderlos como el logro de la gestión de tal o cual funcionario, lo que hace perder su finalidad y que en muchas casos tenga una fecha de caducidad, pues los nuevos funcionarios no aplican la frase “lo bueno (positivo) debe continuar” y piensan que es mejor descontinuar (no debe trascender) lo que hizo la anterior gestión sin tener en cuenta “la inversión” efectuada con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Esta falta de continuidad afecta el liderazgo y compromiso y la política antisoborno (que queda olvidaba en el baúl de los recuerdos), requisitos importantes en este sistema de gestión antisoborno.

 

Así como existen funcionarios que implementan este sistema de gestión antisoborno para difundirlo como un logro de su gestión, existen otros que lo ven como un gasto improductivo, por lo que dejan de lado la mejora continua, las auditorías, las charlas de sensibilización y formación antisoborno al personal. Sería interesante verificar cuántos funcionarios -incluido ministros, viceministros y directores- que ingresan a una entidad que cuenta con un sistema de gestión antisoborno reciben estas charlas de sensibilización y formación en antisoborno.

 

Para terminar, hay que tener presente que, erróneamente, muchas veces estas charlas de sensibilización se convierten en capacitaciones de qué es el ISO 37001 o cómo se implementa el sistema de gestión antisoborno; temas que a nuestro entender no tienen nada que ver con el objetivo de que el personal tome conciencia de que como funcionarios o servidores públicos no pueden pedir dinero a los administrados o condicionar su trabajo -por el que ya recibe una remuneración- a la entrega de un estímulo económico.

 

Entonces, sin dejar de lado la precisión que hace la NTP-ISO 37001 en su introducción, evitemos ver a estos sistemas de gestión antisoborno como el simple cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma con miras a obtener solamente la certificación.

 




[i] Abogada. Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Máster en Gestión de Riesgos especialidad Compliance: Fraude y Blanqueo por EALDE Business School y la Universidad Católica de Murcia. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla – La Mancha. Egresada de la Maestría en Regulación Energética de la Universidad Externado de Colombia.