Transparencia, Integridad y Compliance en el Sector Público

Transparencia, Integridad y Compliance en el Sector Público

Por Henry Núñez, Asociado WCA, Capítulo República Dominicana

Analizar las acciones del sector público y su exposición frente al cáncer de la corrupción, nos permite entender que se trata de una realidad con la que debemos lidiar de manera permanente aun cuando contamos con un marco jurídico para prevenirla y sancionarla.

Cuando en el ejercicio público se antepone el interés particular sobre el general, siendo este último inminentemente necesario para garantizar integridad y transparencia, la sociedad no cree en las instituciones públicas ni en quienes las representan. En efecto, es impostergable la búsqueda de nuevas alternativas de relación entre lo público y lo privado que permitan recuperar la confianza en las organizaciones.    

No nos referimos a la creación de nuevas normas, sino más bien a utilizar mecanismos que hagan posible la aplicación del marco normativo que disponemos, pero más importante aún, promover una cultura de transparencia, integridad y buena gobernanza.

Para ello el Public Compliance tiene como propósito afianzarse como un modelo de gestión ética de las instituciones que persigue establecer un equilibrio entre las normas y la conducta de los servidores públicos, a través de la implementación de una cultura de integridad. 

El Public Compliance propone que el ejercicio público no se limite al cumplimiento de la ley, sino desarrollar un marco en el que las entidades y sus funcionarios logren compromisos diáfanos y útiles para la defensa y fortalecimiento de la cosa pública; recuperando así su valor y esencia, de priorizar la satisfacción de los intereses de una sociedad y favorecerla a nivel general de manera eficiente y transparente.

Lo cierto es que este cambio cultural amerita la planificación de procedimientos éticos y múltiples acciones en todas las esferas de la organización. Por lo que, no puede limitarse solo a charlas, cursos, talleres o conferencias, pues se percibe en la sociedad muchas ideas desacertadas de lo que significa la función pública.

Al fin y al cabo, es imperativo que los cambios que se gestionen con la implementación de esos procedimientos éticos tengan como propósito la coherencia entre lo que la entidad dice que es y la manera en que sus funcionarios se comportan. En este sentido, para el establecimiento del Public Compliance, se precisa determinar los valores que identifican la misión de las instituciones, así como su marco legal, y tomarlos como referencia para proyectar los objetivos específicos que permitirá a los funcionarios contraer compromisos y asumir una cultura de integridad.   

De manera pues, que se plantea el Public Compliance como un instrumento para el fortalecimiento de las culturas de transparencia y de integridad, que obliga a ir más allá del cumplimiento legal.

Por vía de consecuencia, se debe valorar la incorporación de nuevos elementos desde el punto de vista del comportamiento ético de los funcionarios, la prevención de riesgos, la promoción de valores y los canales de denuncias acompañados de un marco legal que proteja al denunciante.